El presidente de Uruguay, José Mujica, revocará esta semana con un decreto todos los actos administrativos de sus antecesores que impidieron juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura (1973-1985) al amparo de la Ley de Caducidad, informaron este lunes fuentes oficiales.

La medida, justificada "por razones de ilegitimidad" de las decisiones tomadas por las predecesores de Mujica, fue anunciada por el secretario de la Presidencia uruguaya, Alberto Breccia, el mismo día en que se cumplen 38 años del golpe de Estado que dio inicio al Gobierno de facto.

"El señor presidente ha decidido" que "se dicte un decreto por el cual se revoca por razones de ilegitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo" que consideraron los hechos denunciados "contemplados" en el artículo tres de la Ley de Caducidad, indicó Breccia en una rueda de prensa.

Según ese artículo la justicia "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido" en la ley que dejó impunes a los militares y policías, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.

Breccia explicó que el decreto no se ha firmado todavía para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren que su caso sea incluido dentro de esta medida, que puede derivar en la reapertura de unos ochenta procesos.

Asimismo aclaró que con su postura el Gobierno no está violando la separación de poderes.

"No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener de disponer o no del desarchivo de esos casos por considerar que existe o no en cada uno de esos casos cosa juzgada", argumentó.

El funcionario explicó también que la iniciativa gubernamental pretende suplir las carencias expresadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia en la que el 24 de marzo pasado condenó al Estado uruguayo.

En aquel dictamen la Corte IDH responsabilizó a Uruguay de la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman.

Además instó al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación" de las causas.

En los últimos meses el partido oficialista uruguayo, el izquierdista Frente Amplio, intentó sin éxito aprobar en el Parlamento un proyecto para anular esa ley.

Algunos senadores y diputados oficialistas lo rechazaron por considerar que vulneraba los dos referendos pero que acabaron apoyándolo por disciplina partidaria.

No así el diputado del FA Víctor Semproni, que con su abstención impidió en el último momento que el partido gubernamental hiciera valer la exigua mayoría de que dispone en Cámara Baja, 50 de 99 escaños.