El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se refugió en la militancia para denunciar una suerte de “pacto diabólico” de sectores conservadores de la justicia en combinación con los medios para intentar perseguirlo con procesos judiciales e inhabilitarlo políticamente, en un “claro retroceso de la democracia”.

En medio de rumores, incluso entre sus aliados de que puede ser detenido en cualquier momento, Lula insistió con la tesis de la persecución política en su contra desde el Poder Judicial: “Tengo preocupación cuando veo un pacto casi diabólico entre medios, la Policía Federal, la fiscalía y el juez que investiga este proceso. De lo que menos se preocupan es con la verdad. Están dañando las instituciones”.

Ante 600 personas en un teatro de Sao Paulo, el expresidente fue el invitado principal de un acto en el cual varios sectores deben sumarse a un frente para reclamar legalidad institucional en Brasil y denunciar que Lula da Silva es un perseguido.

Lula está procesado en tres causas abiertas: dos por denuncias de obstrucción de la justicia por exdirigentes rivales y otra que lleva adelante el juez Sergio Moro, a cargo del escándalo de Petrobras, por la propiedad de un apartamento.

El acto sirvió para el movimiento ‘Un Brasil justo para todos y para Lula”, una iniciativa para defender al exmandatario de los procesos y de los reclamos de prisión que surgen en la prensa y en las manifestaciones de la ultraderecha.

“Tengo muy en claro que no cometí ningún delito o irregularidad antes, durante o después de ser presidente de la República. Ustedes están acusando a una persona honesta que va a luchar. Cuántos aguantarían 13 horas de noticiero negativo en la televisión... Eso es como 30 días de novela”, subrayó.

El fiscal Daltan Dallagnol, un activista evangélico que públicamente dice que la Operación Lava Jato es una obra de Dios, acusó a Lula de comandar una asociación ilícita como jefe del gobierno entre 2003 y 2010, pero lo acusó por corrupción al considerar que Lula es el dueño de un apartamento en el balneario Guarujá.

“No soy yo el que tiene que probar la inocencia, ellos tienen que probar la inocencia de ellos en la acusación que me hicieron, investigando a toda mi familia”, afirmó en su discurso Lula.

El exmandatario también se refirió a los jefes policiales de la Operación Lava Jato que en la elección de 2014 hicieron abiertamente campaña a favor de Aécio Neves, candidato derrotado por Dilma Rousseff, la presidenta que fue destituida por delitos contables por lo que llama golpe de Estado parlamentario.

“La Policía Federal no puede permitir que comisarios comprometidos ideológicamente y políticamente con determinados partidos hagan falsas acusaciones. Ellos deben presentar pruebas, no decir que actúan apenas por convicciones”, sostuvo el exmandatario, que reiteró que no cometió delitos antes, durante y después de su gestión.

Lula también dedicó parte de su discurso a criticar al presidente  Michel Temer, a quien en 2010 aceptó como compañero de fórmula de Rousseff y que en marzo de este año traicionó a la mandataria y respaldó el juicio político para que él y su partido llegaran al poder y aplicaran una agenda neoliberal inédita, que incluye el congelamiento del gasto público por 20 años mediante una enmienda constitucional.

“Quien rompió la Constitución no va a respetarla ni hacer que sea respetada. Ellos intentan reducir el presupuesto que nosotros triplicamos. No tienen derecho a cortar el presupuesto educativo porque eso es sacarle el sueño al pueblo pobre para tener acceso a la alta complejidad de la economía”, dijo Lula.

Afirmó que “los medios perversos mienten descaradamente protegiendo a los policías que sacan a la fuerza a estudiantes en protestas como la toma de colegios”.

Uno de los organizadores del acto fue el exsecretario general de la presidencia Gilberto Carvalho, el articulador de la antigua gestión con los movimientos sociales. “Tenemos que salir de la parálisis de la izquierda en general, recuperar el diálogo con la sociedad y defender los ataques que Lula ha sufrido. Tenemos que volver a salir a hablar con el pueblo, a contarle la verdad, lo que no cuentan los medios”, dijo a EL TELÉGRAFO.

Los abogados de Lula sostienen que en Brasil existe un “estado de excepción” contra el expresidente y que se produce un movimiento llamado ‘lawfare’, cuando instituciones del Estado usan sus atribuciones para arrinconar judicialmente a un supuesto objetivo político. (I)