Manuel Moix, fiscal jefe de la oficina contra la corrupción y la criminalidad organizada en España, dimitió ayer a causa del escándalo que ha provocado su participación en una sociedad mercantil que operaba desde el paraíso fiscal de Panamá. La renuncia de Moix se produce tres días después de que el diario online Infolibre destapara que poseía el 25% del capital de Duchesse Financial Overseas desde 2012, una empresa familiar compartida con tres de sus hermanos que en 1988 compró la mansión de sus padres para evitar el pago de los 90.000 euros que le hubiera correspondido en concepto de plusvalías y transmisiones hereditarias.

Por fin ayer, en una comparecencia sin preguntas ante los medios de comunicación, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reconoció haber aceptado la dimisión de Moix solo 100 días después de su nombramiento porque “no puedo obligar a nadie a quedarse cuando alega cuestiones personales para irse”, señaló. Sin un atisbo de crítica, Maza señaló que, desde su punto de vista, no se ha producido la más mínima “irregularidad o ilegalidad” en la sociedad panameña de la familia Moix. El fiscal general también reconoció que no ha encontrado “incompatibilidad” con el cargo que desempeñaba “ya que la doctrina de los tribunales sobre el carácter económico y mercantil de una propiedad que no tiene actividad, no obliga a comunicar la tenencia a sus superiores”. Para Maza, la conducta de su subordinado ha sido intachable, “y no existían motivos para su cese”, concluyó.

Una defensa en toda regla que ni el propio Manuel Moix ha realizado de sí mismo en los últimos días. Su primera explicación de los hechos fue que se enteró de la existencia de la sociedad offshore tras la muerte de su padre en 2011. Una versión que tuvo que rectificar el martes al descubrirse que participó en la sociedad “a principios de los años noventa” en un pleito con la empresa constructora de la mansión de sus padres. Según la cascada de documentos aportados por el diario Infolibre, la firma Terecon S. A. acusó al padre del ya exjefe anticorrupción de un delito de alzamiento de bienes al negarse a pagar la edificación de la residencia con el argumento de que pertenecía a Duchesse Financial Overseas, y que él solo era el apoderado de esa sociedad.

A partir de conocerse estos hechos, Moix terminó aceptando que debía haber informado al fiscal general de su participación en la sociedad panameña. “Es indudable que calculé mal” pero no por haber hecho una ilegalidad sino por las repercusión de la información, aseguró el miércoles en una entrevista radiofónica. Como si de una carrera a ver quién defrauda mejor y más alto, Moix consideraba que no tenía obligación de dar cuenta a nadie de que posee el 25% de una compañía afincada en Panamá, heredada de sus padres y sin actividad alguna. Pero el imaginativo esquema mercantil de Moix olvidó que el Estatuto Orgánico del ministerio fiscal para el que trabaja prohíbe expresamente a sus integrantes “el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil”.

A las críticas casi unánimes del aparato judicial español, incluida la conservadora Asociación de Fiscales, se ha unido el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) que reclama una investigación minuciosa de la compañía Duchesse Financial Overseas para determinar si fue creada para “eludir el pago de 90.000 euros en impuestos”. El presidente Mariano Rajoy esquivó la pregunta de la dimisión de Manuel Moix con un lacónico “hacer política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, y no ocuparse por los chismes”.

Todo lo contrario del resto de partidos políticos. El PSOE exigió ayer la renuncia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el único miembro de un gobierno en democracia que ha sufrido la reprobación del Parlamento. Por su parte, el grupo Unidos Podemos calificó de “vergonzoso” este caso y espera con “impaciencia” que los socialistas den el visto a una moción de censura en el Congreso que permita liquidar al ejecutivo del PP. Finalmente, Ciudadanos considera que el caso Moix “es la gota que se suma al vaso lleno” y ha pedido la comparecencia parlamentaria del ministro de justicia. (I)