La Asamblea Nacional de Haití se instaló ayer en sesión ordinaria con la prioridad de evitar un vacío de poder después de que el presidente Michel Martelly (foto) deje el cargo este fin de semana.

El orden del día incluía 2 puntos. El primero el comienzo del 50 período legislativo y el segundo era consensuar un plan que permita mantener la gobernabilidad de la nación francófona, tras la salida del jefe de Estado prevista para mañana.

Los asambleístas discutieron un acuerdo alcanzado esta semana entre Martelly y los jefes de ambas cámaras del Parlamento, que propone sustituirlo por un primer ministro interino.

El funcionario debe tener el apoyo de todos los sectores políticos, la ratificación del Legislativo y dar cumplimiento a una hoja de ruta para poner fin a la crisis imperante en el país.

El convenio también sugiere la segunda vuelta presidencial para el 24 de abril, la toma de posesión del nuevo presidente el 14 de mayo y la recomposición del Consejo Electoral Provisional (CEP).

Además del pacto, está sobre el tapete la idea de los candidatos opositores -agrupados bajo el autodenominado bloque G8- de instaurar un gobierno de transición, encabezado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y con poder para crear una comisión que en 30 días investigue y depure los documentos e instancias electorales.

Pero algunos sectores amenazan con un levantamiento armado si el gobierno temporal solo lo integran políticos de Puerto Príncipe.

Sin embargo, cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) dialogaron el lunes y martes con las autoridades del país y constataron la predisposición de encontrar mediante el diálogo una salida a la incertidumbre haitiana. (I)

Organizaciones sociales piden refundar el país

El representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, Camille Chalmers, recordó que las movilizaciones en Haití nacen de un rechazo a la injerencia de Estados Unidos.

Chalmers señaló que ante la situación de inestabilidad política, los movimientos y organizaciones sociales exigen medidas que permitan avanzar hacia una refundación del país e iniciar un cambio radical en el sistema político y en las relaciones con el imperialismo. (I)