La primera ministra británica, Theresa May, presentó ayer en el Parlamento la llamada Gran Ley de Derogación (Great Repeal Bill), que reclama la “soberanía” del Reino Unido y deja sin efecto la Ley de Comunidades Europeas de 1972.

El documento, por el cual se buscarán incorporar unos mil textos legales de la Unión Europea (UE) a la legislación británica, fue presentado un día después que el gobierno activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, dando inicio a la salida de la Unión después de 44 años.

Los textos legales involucran desde derechos de los trabajadores y consumidores, pasando por temas medioambientales, de minería, pesca, hasta de tráfico aéreo y portuario, entre muchos otros.

En efecto, el gobierno “copiará y pegará” muchos de esos textos a la legislación británica, para evitar así crear un “agujero negro” cuando se haga efectivo el ‘divorcio’ de la UE.

En una ponencia especial en la Cámara de los Comunes, el ministro para el Brexit, David Davis, confirmó que la ley deberá entrar en vigencia el mismo día en que el Reino Unido abandone el bloque comunitario, estimado para finales de marzo de 2019.

“En el fondo, el voto del referéndum fue una decisión sobre la soberanía”, afirmó Davis en su discurso ante los parlamentarios.

“Un país fuerte e independiente necesita el control de sus propias leyes. El proceso empieza ahora. Convertir la ley europea en ley británica es la manera de poner fin a la supremacía legislativa de Bruselas”, agregó el funcionario conservador.

Según Davis, la legislación presentada el jueves “es también un paso importante para dar a las empresas, a los trabajadores y a los consumidores la certidumbre que necesitan”.

Además, confirmó que la Gran Ley de Derogación garantizará que no haya “cambios bruscos” en los derechos de los ciudadanos tras el Brexit.

La ley hará también que el Reino Unido abandone la jurisdicción del Tribunal europeo de Justicia. Se trata de uno de los mayores proyectos legislativos jamás elaborados en la historia de Gran Bretaña.

Durante su comparecencia en el Parlamento, varios legisladores acusaron a May de haber utilizado un tono “agresivo” y hacer “chantaje” a la UE en la invocación del Artículo 50, con la amenaza de retirar la cooperación en seguridad y políticas antiterroristas con la UE si no se llega a un acuerdo comercial.

Sin embargo, Davis dijo que no se trató “de ninguna amenaza” a Bruselas por parte de Londres. “Lo que la primera ministra estaba diciendo es que queremos llegar a un acuerdo, y que si no lo hacemos será malo para las dos partes. Si no hay acuerdo, podemos perder la colaboración que tenemos actualmente en materia de justicia y seguridad”, continuó.

Bajo la Gran Ley de Derogación, tanto el Parlamento de Westminster, como las Asambleas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, podrán modificar o revocar cualquier texto legal, sin tener que pedir consentimiento a la UE.

“Nuestras leyes serán creadas en Londres, Edimburgo, Cardiff, y Belfast, e interpretadas no por jueces en Luxemburgo, sino por jueces en todo el Reino Unido”, subrayó Davis.

El principal negociador por el Brexit dijo también que Gran Bretaña “tiene la obligación moral” de poner fin a la creciente incertidumbre que enfrentan millones de británicos que viven en la UE, y de europeos que residen en el Reino Unido.

Davis explicó a los parlamentarios que el miedo a que la UE castigue al Reino Unido por abandonar el bloque “se ha reducido”, aunque “por ahora no se disipó del todo”.

Los funcionarios de la Unión Europea quieren establecer un acuerdo de salida, incluyendo cuánto dinero deberá pagar Londres por sus “obligaciones existentes”, antes de empezar a negociar acuerdos comerciales, pero Davis dijo que Gran Bretaña “quiere analizar todo el paquete de una vez”.

Lo cierto es que el Congreso de Sindicatos británicos (TUC), que nuclea a los principales gremios del país, instó al gobierno a asegurarse de que la Gran Ley de Derogación sea utilizada para mantener todas las protecciones a los trabajadores existentes bajo la jurisdicción legal de la UE.

Por su parte, el jefe de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, dijo que su partido controlará muy de cerca al gobierno “durante todo el proceso” del Brexit, y prometió que el Laborismo “hablará por todo el país”. (I)

DATOS

La primera ministra contaba desde el pasado jueves con la ley que le autorizó activar el artículo 50, después de que el Parlamento la aprobase el día 13 y que la reina Isabel II, jefa del Estado británico, la sancionara el día 16.

Desde el miércoles iniciaron dos años de intensas y difíciles negociaciones, en las que las dos partes tendrán que decidir los términos de la retirada británica.

May buscará un equilibrio entre las exigencias de los 27 y las de las regiones británicas, como Escocia -a favor de la permanencia en el mercado único- o Irlanda del Norte -que pide mantener la frontera abierta con sus vecinos irlandeses. (I)