Boris Johnson se dispone a lograr lo que durante mucho tiempo pareció imposible ya que tras años de divisiones, los diputados británicos deben aprobar hoy un histórico acuerdo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero próximo.

El texto, inicialmente negociado por la anterior primera ministra, Theresa May, y modificado por Johnson tras su llegada al poder en julio pasado, fue rechazado reiteradamente por el Parlamento, obligando a tres aplazamientos y provocando una profunda crisis política.

Pero ahora, gracias a la aplastante mayoría que el primer ministro conservador logró en las legislativas anticipadas de diciembre, el proyecto de ley que traduce a la legislación británica el acuerdo de divorcio con Bruselas debe ser aprobado sin dificultades.

El texto prevé un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el cual los británicos seguirán aplicando y beneficiándose de las normas europeas. Pagarán su contribución financiera, pero sin participar en las instituciones ni en la toma de decisiones.

La transición busca evitar una ruptura abrupta, especialmente para las empresas, y dar tiempo para negociar la futura relación entre Londres y la UE, lo que se anuncia muy difícil en el tiempo disponible.

Según el acuerdo, este período puede prorrogarse una vez, y de mutuo acuerdo, hasta el final de 2022 como máximo. Pero Johnson se niega a hacerlo y añadió en el proyecto de ley que los diputados adoptarán una disposición que prohíbe toda extensión de esta transición.

Pero qué está en juego con el Brexit.

Los 3,2 millones de europeos que viven en el Reino Unido y los 1,2 millones de británicos residentes en el continente podrán seguir estudiando, trabajando, recibiendo subsidios y reuniendo a sus familias como hasta ahora.

 La factura británica

El Reino Unido cumplirá los compromisos financieros adoptados en el marco del actual presupuesto europeo (2014-2020), que también abarca el período de transición. A cambio, se beneficiará de los Fondos Estructurales Europeos y de la Política Agrícola Común.

 Aduanas en Irlanda del Norte

La provincia británica de Irlanda del Norte permanecerá en el territorio aduanero del Reino Unido, pero respetará las regulaciones del mercado único europeo para poder mantener abierta la frontera terrestre con la vecina República de Irlanda, país miembro de la UE.

Esto implicará realizar controles reglamentarios entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta disposición provocó la ira de los unionistas norirlandeses del DUP que la consideran como un ataque a la integridad del Reino Unido.

Cuando entren en Irlanda del Norte productos procedentes de terceros países, por ejemplo Estados Unidos, destinados a permanecer en la provincia, se aplicarán los aranceles británicos.

 Por el contrario, si la mercancía llegada de terceros países está destinada a entrar en la UE a través de Irlanda del Norte, las autoridades británicas aplicarán los aranceles de la UE.

 Aval de la asamblea norirlandesa

La asamblea regional de Irlanda del Norte tendrá la última palabra sobre la aplicación a largo plazo de las reglas europeas en su territorio, mediante un mecanismo de "consentimiento".

La asamblea debe aprobar por mayoría simple durante el periodo de transición si quiere aplicar estas disposiciones a partir del 1 de enero de 2021 y confirmarlo cada cuatro años.

Si decide abandonar la reglamentación europea, el protocolo dejará de aplicarse dos años más tarde.

Acuerdo de libre comercio

En una "declaración política" que acompaña al Tratado de Retirada, la UE y el Reino Unido establecen su intención de alcanzar una relación comercial posbrexit "sin aranceles aduaneros ni cuotas".

A cambio, Bruselas exige "garantías" sobre el respeto de condiciones de competencia justas. El objetivo es evitar que el Reino Unido se convierta en un competidor "desleal" a las puertas de la UE que no cumpla con las normas sociales, fiscales y ambientales del bloque. Sin embargo, las discrepancias aparecieron incluso antes del inicio de la negociación.

Johnson, que afirma no querer alinearse con las normas europeas, insiste en concluirlo antes de final de año para no ampliar el periodo de transición. La nueva presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que si por la falta de tiempo no se logra un acuerdo completo el Reino Unido podría perder su acceso abierto al mercado único de su principal socio comercial. (I)