La primera ministra británica, Theresa May, insistió el lunes en que los europeos podrán quedarse en el Reino Unido tras el brexit, pero su plan, que impone trámites engorrosos, fue tildado por la oposición de inconcreto y poco generoso.

May presentó en el Parlamento el plan para los europeos en el Reino Unido post-Brexit que esbozó ante los líderes europeos la semana pasada, insistiendo en que esos 3,2 millones de personas no tendrán que irse salvo si han cometido delitos graves.

El gobierno de May publicó un documento de 15 páginas con su oferta, que precisa que los europeos tendrán que obtener un documento de residencia y sus derechos serán tutelados por cortes británicas, y no europeas, algo que disgustó en Bruselas.

"Ningún ciudadano europeo que se encuentre en el Reino Unido legalmente será obligado a irse. Queremos que os quedéis", dijo May, precisando que aquellos que lleven más de 5 años en el país tendrán los mismos derechos que los británicos en sanidad, educación o ayudas sociales bajo un nuevo "estatuto acordado".

Sin embargo, los europeos tendrán que entrar en el entramado burocrático del proceso de regularización, del que estaban exentos, aunque May prometió que el ministerio de Interior está trabajando para aligerar los trámites.

"Todos los ciudadanos de la UE (y sus familias) en Reino Unido, hayan llegado cuando hayan llegado, tendrán que obtener un estatus de inmigración bajo la ley británica", dice el documento del gobierno.

"Tendrán que solicitar al ministerio de Interior un permiso para quedarse", que se podrá acreditar "con un documento de residencia", añadió el texto.

"No es una oferta generosa"

May no precisó la fecha de corte a partir de la que empezarán a contarse los cinco años de residencia en el Reino Unido que garantizarán la igualdad de derechos, pero sí repitió que, a quienes lleven menos tiempo, se les permitirá gestionar su permanencia.

Además, como ya hizo en Bruselas, atrayendo críticas de los líderes europeos, May insistió en que los derechos de los europeos pasarán a ser tutelados por la justicia británica, y no la europea.

"La Corte de Justicia de la UE no tendrá jurisdicción en el Reino Unido", afirma el documento presentado por May. Finalmente, la vigencia de la oferta de May dependerá de que los europeos ofrezcan el mismo trato al millón de británicos que viven en la UE.

"Esperamos ver garantías equivalentes para los británicos residentes en la UE", afirma el documento.

La oposición expresó su inquietud porque el plan no especifica en detalle qué pasará con los hijos de los europeos, o con el derecho de reunión de europeos casados con extracomunitarias.

"No es una oferta generosa. Es la confirmación de que el Gobierno está listo a usar a esta gente como monedas de cambio", dijo Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, calificando el plan D.

"¿Han estudiado qué impacto tendrán estas medidas en los servicios sociales?" añadió Corbyn, estimando que no ayudarán a atraer a los trabajadores europeos que tanto necesitan sectores como la sanidad pública.

Actualmente, los ciudadanos de la UE son libres de vivir y trabajar en cualquiera de los 28 países que la integran, disfrutando de los servicios públicos, como sanidad, educación o pensiones.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, describió la semana pasada la oferta como "un primer paso, pero un paso insuficiente". (I)