Miles de personas se concentraron ayer en las cuatro capitales de Cataluña para protestar por las violentas cargas policiales ocurridas durante la celebración del referéndum independentista del pasado domingo.  

La más numerosa fue la de Barcelona, que volvió a concentrar a más de 500.000 personas, que algunas fuentes elevaron hasta un millón, en la Plaça de Universitat y sus alrededores. La manifestación recorrió los Jardines de Gràcia y llegó hasta la Plaza de Cataluña en un ambiente contenido y sin el más mínimo incidente. Fue la culminación de una jornada de huelga general que tuvo un seguimiento “alto” en todo el territorio. Hasta 20 carreteras quedaron bloqueadas por manifestantes.

En el norte, en Girona, agricultores cruzaron sus tractores en la principal vía de comunicación con Francia. En el sur, en Tarragona, la autopista AP-7 que une Barcelona con Valencia quedó cortada desde primeras horas del día.

La convivencia entre la clase política de España cada día parece estar más fuera de control. Tal es el grado de crispación que el rey Felipe VI, cuyo papel durante los últimos días ha sido inexistente, se dirigió ayer a la ciudadanía en un mensaje televisado en el que realizó una firme defensa del orden constitucional frente al propósito separatista de Cataluña. “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”, dijo el monarca. Además, entreabrió la puerta a la suspensión de la autonomía de la región que persigue el ejecutivo español de Mariano Rajoy.

La fiscalía general, por su parte, avaló ayer la intervención de la policía nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum en un informe donde valora los incidentes que concluyeron con más de 800 heridos, dos de ellos de gravedad.

Según el abogado del Estado, la intervención de ambos cuerpos de seguridad, dependientes del gobierno español, para despejar la entrada de los puntos de votación y requisar las urnas, no afectó “en absoluto a la normal convivencia ciudadana”, ya que actuaron en “legítima defensa”. Además, anunció la apertura de una investigación para determinar si durante los últimos días se han producido delitos de odio contra agentes que fueron increpados en localidades de la región.

La realidad es que, con la excepción de algún indicio como el registrado en el municipio barcelonés de Calella, el comportamiento de la población está siendo pacífico, tal y como las autoridades catalanas exigieron. Pese a todo, el portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Rafael Hernando, denunció ayer que los dos partidos independentistas de izquierda, ERC y la CUP, “desean que haya muertos en Cataluña”.

Hernando instó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a parar la confrontación civil y convocar a elecciones, en lugar de esconderse detrás de “turbas violentas”.

El vocero conservador acusó a Puigdemont y al vicepresidente catalán Oriol Junqueras de realizar una “huelga de corte nazi” para acosar al discrepante y convertir a las personas en máquinas que no piensan las consecuencias de sus actos.

La reacción de los partidos del arco parlamentario español fue contundente y censuraron las declaraciones realizadas por Hernando durante una entrevista en Radio Nacional. ERC anunció que presentará una querella por injurias contra él al considerarlas “intolerables”.

El PSOE, que por el momento solicitó la apertura de un diálogo entre el gobierno de Rajoy y el de Carles Puigdemont para solucionar este conflicto, dio un paso más ayer al pedir la reprobación de Soraya Sáenz de Santamaría, ministra especial para Cataluña, por las cargas policiales del domingo saldadas con cientos de lesionados.

Fuentes socialistas confirmaron ayer que el ejecutivo español baraja la posibilidad de decretar la suspensión de la autonomía catalana, tal y como se lo exigió ayer el líder de Ciudadanos Albert Rivera, pero que renunció ante la falta de apoyos parlamentarios.  

Por su parte, Unidos Podemos ofreció a Pedro Sánchez el apoyo incondicional de sus 67 diputados si presenta una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy.

En una rueda de prensa, su portavoz parlamentaria, Irene Montero, aseguró que “la prioridad es echar al PP” ante su incapacidad para resolver “democráticamente” una crisis política como la catalana. (I)   

DATOS

El deporte catalán, casi en pleno, encabezado por el FC Barcelona, secundó ayer la huelga general convocada para protestar por la intervención policial del domingo para impedir un referéndum de autodeterminación, prohibido por la justicia española.

El puerto de Barcelona, tercero de España, y el principal mercado mayorista de alimentos de la ciudad estaban casi paralizados ayer por la huelga. Unas 32.000 personas trabajan en el muelle, 550 de ellas para la autoridad portuaria y el resto para los cientos de empresas de transportes que operan en él.

La incertidumbre empieza a impactar sobre la economía de la región que aporta el 19% al PIB de España: la bolsa de Madrid perdió 1,21% y las acciones de los principales bancos catalanes, Caixabank y Banco Sabadell, cayeron más del 4%. El euro también recibió ayer el impacto de la crisis política y hacia las 21:00 GMT caía a 1,1733 dólares contra 1,1818 dólares del viernes pasado hacia las 21:00 GMT. (I)