El presidente del Parlamento Árabe, Ali Salem al Daqbasi, instó hoy a los países miembros a "echar a los embajadores sirios acreditados en sus territorios" hasta que responda el régimen de Siria a las reivindicaciones de su pueblo.

Al Daqbasi aseguró en un comunicado que todos los países árabes están llamados a "congelar la adhesión del régimen sirio a la Liga Árabe, lo que requiere la expulsión de los embajadores sirios y cortar la relaciones diplomáticas" con el régimen.

Además, el responsable de este órgano consultivo de la Liga Árabe pidió a los estados cortar también todas las relaciones económicas con las autoridades de Damasco hasta que el régimen de ese país "responda a las demandas del pueblo sirio".

El llamamiento del Al Daqbasi se produce después de que una ofensiva de las fuerzas gubernamentales sirias en la ciudad de Homs causó la muerte a más de 260 personas, según el Consejo Nacional Sirio (CNS), principal organización de la oposición.

El presidente interino tunecino, Moncef Marzuoki, inicio el procedimiento protocolario para la expulsión del embajador de Siria en este país y "desvincular" las relaciones oficiales con el régimen de Damasco.

Por su parte, el ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, condenó hoy la represión del régimen de Damasco contra la ciudad de Homs y dijo que la violencia ha mostrado la "sangre fría" del presidente sirio, Bachar al Asad.

El Gobierno francés condenó "con la mayor firmeza" el "nuevo ataque del régimen sirio contra la población de Homs", que denominó un "paso más hacia la barbarie", según el ministro galo de Exteriores, Alain Juppé.

En un comunicado, el ministro aseguró que "lejos de detener su política de represión, las autoridades sirias han dado un paso más hacia la barbarie" y que la "masacre de Homs es un crimen contra la humanidad", y "sus autores deberán responder".

El Ministerio español de Asuntos Exteriores sostiene que, ante los "niveles insoportables" de la represión llevada a cabo por el régimen sirio, la comunidad internacional debe exigir la protección de la población civil.