Un grupo de organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó advirtieron al Gobierno colombiano sobre el “inminente riesgo” de que ocurra una nueva masacre en el municipio de Bojayá. Aquí, en 2002 se vivió una de las matanzas más cruentas del conflicto armado.

La denuncia fue hecha en Bojayá, que hace parte del departamento del Chocó, en el marco de la ceremonia de la despedida final a las víctimas de aquella matanza. “Se ciernen nuevamente hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos”, afirmó el sacerdote Sterling Londoño, de la Diócesis de Quibdó.

Los familiares le dieron ayer el último adiós a muchos de los que murieron aquel día, cuando un cilindro bomba lanzado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un combate con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo.

Según la Fiscalía y Medicina Legal, murieron 79 personas. Sin embargo, otras cifras hablan de que fueron 119 muertos y decenas de heridos.

En el comienzo del velatorio -al que asisten los habitantes de Bojayá, el Gobierno, la ONU y representantes de la comunidad internacional- el sacerdote Londoño pidió voluntad política al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, para que haya garantías de no repetición.

Por otra parte, las comunidades locales denunciaron en su carta que luego de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, el espacio que dejaron las FARC fue ocupado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este “se ha fortalecido militarmente e  incrementó sus agresiones a la población civil”.

El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, pidió al Estado “responder al llamado de las comunidades” ante las agresiones de los actores armados. (I)