El líder opositor colombiano Gustavo Petro entregó el viernes 5 de abril de 2019, junto a colectivos de defensa de los derechos humanos, un documento ante la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar la apertura de una investigación formal por el asesinato de dirigentes sociales en Colombia.

El texto se centra en los aproximadamente 500 líderes sociales que, según las cifras manejadas por los colectivos colombianos de derechos humanos, han sido asesinados desde septiembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Petro declaró a Efe que "si la justicia nacional no actúa, no puede o no quiere, entonces debe hacerlo la CPI" y añadió que su primera medida como presidente de Colombia sería que "la justicia tenga todo el dinero y el poder suficiente para actuar".

El senador señaló que los asesinos "se sienten empoderados y matan sistemáticamente en muchas regiones porque creen que el Gobierno no los va a perseguir, porque sienten que el nuevo discurso gubernamental ya no está con la paz, sino con deshacer esa paz".

Tras el acuerdo de 2016, se estableció en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional para juzgar los crímenes cometidos en el marco de conflicto armado colombiano.

El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó hace tres semanas seis objeciones a la JEP, un movimiento criticado por la mayor parte de la oposición porque el mecanismo ya había pasado por el Parlamento y la Corte Constitucional.

Petro indicó que, "si el presidente Duque destruye la JEP, la CPI debe investigar los crímenes contra la humanidad cometidos dentro de Colombia".

El líder opositor calificó al mandatario como una persona débil que ha dejado el Gobierno "en manos de las facciones más extremistas de su propio movimiento político", entre las que se encontraría el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien "prácticamente está controlando el Gobierno en función de su interés particular", aseguró Petro.

"Ellos no quieren la verdad. No tanto porque les avergüence que sus nombres puedan aparecer en crímenes contra la humanidad, sino porque quieren mantener y repetir un proceso de acumulación de riqueza (...) sobre la base de seguir matando y masacrando a colombianos y colombianas", añadió.

Para el político opositor, uno de los problemas más graves de Colombia es "la fuerte articulación durante décadas entre la clase política tradicional y los ejércitos privados del narcotráfico".

Antes de acudir a la CPI, participó en una marcha organizada por grupos de defensa de los derechos humanos a la que acudieron unas 500 personas, la mayoría ciudadanos colombianos procedentes de distintos países de Europa.

Una de ellas fue Clara Álvarez, una socióloga residente en París que, junto a otros manifestantes, cargaba una cinta de treinta metros con los nombres de cientos de líderes sociales asesinados.

"Queremos visibilizar esta cuestión a la opinión pública para que se detengan las masacres y se cumplan los acuerdos de paz", dijo a Efe.

La manifestación partió desde la embajada de Colombia en La Haya y recorrió las calles durante dos horas, para concluir en la sede de la CPI.
Petro usó un megáfono para dirigirse a los manifestantes minutos antes de llegar al tribunal y les pidió "construir un cuerpo político como expresión del éxodo, de la diáspora colombiana".

"Hoy podemos ser sujetos de derechos y libertades, el camino es convertir esta movilización de centenares en una movilización de decenas de miles", recalcó entre gritos de apoyo de los asistentes. (I)