En lo que no pocos consideran un contraataque del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), el partido Cambio Democrático (CD) inició una campaña contra la procuradora general Kenia Porcell, que cobra fuerza hoy en algunos medios de prensa.

Las denuncias se basan en que la funcionaria supuestamente permite que personas de la llamada sociedad civil organizada, revisen, auditen y conozcan hechos detallados de expedientes sensibles que investiga la Fiscalía, según el vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho.

Porcell "ha permitido que se viole la reserva del sumario, incumpliendo con su deber como jefa del Ministerio Público", dijo.

Una demanda penal contra la funcionaria presentó ayer Camacho ante la Procuraduría de la Administración, por el presunto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos.

Como prueba presentó declaraciones de Porcell a medios de comunicación, donde asegura que la Procuraduría ha sido objeto de verificación y control por la organización civil Alianza Ciudadana.

Martinelli, a través del CD, responde de esta forma a los ocho expedientes que tiene abiertos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presunta corrupción, espionaje telefónico y manejo ilegal de finanzas, y a otros posibles casos donde involucrados mencionan la responsabilidad del expresidente.

Es sintomático que la investigación sobre la casa de valores Financial Pacific (FP) sea el principal blanco del "ejército de abogados" (15), los cuales apelarán a un artículo del Código Judicial que impide a los magistrados y jueces conceder entrevistas privadas, informa el diario La Prensa.

Lo anterior se refiere a que el presidente de la CSJ José Ayú Prado se vio obligado a reunirse con representantes de la sociedad civil, quienes cuestionan las actuaciones de la Justicia en los actuales casos de corrupción de funcionarios públicos de alto perfil y la participación directa de Ayú en lo de FP.

La defensa del expresidente señala que al aceptar tal relación, los magistrados violan el artículo 477, porque de esa forma pueden oír argumentos o admitir comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial.

Analistas locales opinan que las acusaciones a Porcell y la CSJ intentan descalificar a los administradores de Justicia, y desviar la atención de la opinión pública sobre la situación migratoria de Martinelli quien se dice ha pedido refugio en Estados Unidos, pero lo ha desmentido.

Según las fuentes, la solicitud fue presentada ante el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, pero de acuerdo con el periódico La Estrella, la embajada de ese país en Panamá recomendó negar la solicitud, por considerar que el expresidente "no cumple con los requisitos".

Además la representación diplomática señaló que mantiene una decena de procesos judiciales relacionados con actos de corrupción, a los cuales debe hacer frente, afirmó el diario, sin revelar la identidad del informante. (I)