A casi 31 años de la guerra entre Argentina y Gran Bretaña en 1982, los malvinenses celebrarán el 10 y 11 de marzo un referéndum sin ningún peso legal en el derecho internacional. Los habitantes de las islas Malvinas, el enclave colonial británico en el Atlántico Sur, deberán responder una sola pregunta:

¿Desea qué las islas Malvinas mantengan su estatus político actual como un territorio británico de ultramar?

Los 3.000 habitantes del archipiélago austral, la mayoría, son de origen británico, aunque también viven allí 600 inmigrantes de la isla de Santa Elena, 300 chilenos y hasta 30 argentinos que, obviamente, no tienen derecho a votar en la consulta.

Las Malvinas nunca tuvieron una población autóctona. Las Naciones Unidas consideran a los isleños un grupo de habitantes trasplantado sin derecho a la autodeterminación. Durante los últimos 180 años llegaron desde Gran Bretaña para reemplazar a los argentinos expulsados tras la invasión imperial de 1833. Entonces, Argentina era desde hace 17 años un país independiente y las islas tenían un gobernador designado por Buenos Aires.

El referéndum, convocado por el gobierno local, no deja lugar a la negociación sobre la soberanía. Se trata de una verdad de Perogrullo: como si  en la tribuna del estadio de La Bombonera de Buenos Aires se preguntara a los fanáticos:

“¿Quiere usted seguir siendo hincha de Boca Juniors?”. “El referéndum tiene un resultado puesto y mantiene la política de ilegalidad de Gran Bretaña”, resumió en entrevista con El Telégrafo Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas.

Argentina, respaldada por las Naciones Unidas, sostiene que la soberanía es una cuestión bilateral que deben solucionar Buenos Aires y Londres sin participación de los isleños. La ONU insta al Gobierno británico, desde 1965, a sentarse a negociar con Buenos Aires. Pero Londres afirma que el futuro de la colonia debe ser decidido por sus habitantes y se niega a reconocer las resoluciones de la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad, como miembro permanente con derecho a veto, impone sanciones a países como Irán y Corea del Norte por incumplir sus mandatos.

Alonso, que luchó en Malvinas a los 19 años cuando cumplía el servicio militar obligatorio, denunció que el Reino Unido “intenta establecer un estatus jurídico a los habitantes de las islas, pero eso no está reconocido por la ONU. Quiere imponerlo con el ejercicio de una plena democracia que no existe. El gobierno lo impone el imperio. Solo hay un consejo que atiende cuestiones domésticas”, sostuvo.

Como contrapartida, añadió Alonso, “Argentina logró una unidad latinoamericana, a través del Mercosur. la Unasur y la Celac, que no reconocen ese estatus. Malvinas pasó a ser una cuestión regional”.

“Violan resoluciones de Naciones Unidas y el Tratado de Tlatelolco que define al Atlántico Sur como zona libre de armas nucleares. En las Malvinas hay una militarización impulsada por Gran Bretaña. Ha montado una fortaleza en (la base militar de) Mont Pleasant. En las islas hay un militar británico por cada tres civiles”, dijo.

Alonso, quien integra además el Centro de Ex Combatientes de La Plata, 60 km  al sur de Buenos Aires, prosiguió: “después de la aventura militar de la dictadura, que nosotros no reivindicamos, Malvinas se convirtió en un enclave militar bajo control de la OTAN. Alberga aviones de última generación, armas nucleares y submarinos con misiles Tomahawk (con un alcance de 1.600 km capaces de golpear territorio continental argentino). Tiene capacidad para albergar a 5.000 militares. Es un campo de entrenamiento del aparato armamentista internacional con ejercicios militares que ponen en riesgo la navegación marítima. Gran parte de las tropas que pasan por allí después va a Afganistán”, indicó.

La soberanía argentina de Malvinas parece ser la única cuestión en la que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la oposición entrelazan sus manos.
“Estamos todos de acuerdo con Malvinas. Solo hay variantes. Hay que sostener la posición actual, sin agresiones y diciéndole no a la guerra”,  afirmó  Diego Guelar, secretario de relaciones internacionales de la derechista Propuesta Republicana (PRO), liderada por el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.

Guelar, en entrevista con El Telégrafo, sostuvo que el referéndum de Malvinas “no cambia absolutamente nada esta cuestión colonial. Ya sabemos el resultado.  Ellos quieren  seguir siendo británicos y obviamente votarán por el Sí”.  indicó.

-¿Y cuál puede ser la solución para el conflicto?– preguntó El Telégrafo.
“Esto se resuelve con un cambio sustancial del escenario macropolítico. Descartada la opción bélica, el único camino se dará en 30 años cuando se consolide una nación europea y, por otro lado, un bloque de naciones sudamericanas con eje en Brasil”, dijo el dirigente opositor.

Y prosiguió: “en ese nuevo escenario habrá intereses cruzados y negociaciones que incluyan Malvinas y el Tratado Antártico. Mientras tanto, no hay que hacer declaraciones que hieran a ambos países mutuamente”, sostuvo.

“¿Por qué se resolvió el tema de Hong Kong? Porque China es China. Con un Brasil pujante y su participación en la mesa de negociaciones estaremos en condiciones” de recuperar las islas, enfatizó.

Pero Alonso ve otros inconvenientes: “recursos naturales, pesca, hidrocarburos, agua”. Hoy, los malvinenses buscan explotar los hidrocarburos de las islas. El Gobierno argentino declaró ilegal esa práctica realizada por cinco empresas británicas.

“Ahora son los hidrocarburos, en el futuro será el agua. Las Malvinas se proyectan hacia la Antártida y allí está el mayor reservorio del planeta. Nosotros, como ex combatientes, repudiamos la guerra pero nunca dejaremos de reivindicar la soberanía argentina sobre las islas”, concluyó.