El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que desde la oposición surgió una “insurgencia armada” para derrocarlo con un ‘golpe de Estado’. Así lo aseguró luego de entregar al Poder Electoral el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que no contará con partidos políticos.

“Convoco a una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana y de  participación popular para que nuestro pueblo, como depositario del poder constituyente originario, con su voz pueda decidir el destino de la patria”, expresó Maduro junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

El mandatario aseguró que la elección de los 500 asambleístas se producirá libremente, a través del voto universal, directo y secreto, en sectores sociales y comunitarios, en las próximas semanas.

Mientras Maduro hablaba, los opositores intentaron marchar hacia el Palacio Legislativo, pero fueron dispersados por policías y militares con bombas lacrimógenas.

Los manifestantes respondieron con piedras a militares de la Guardia Nacional y policía. En la tarde se reanudaron los enfrentamientos.

El presidente aseguró que su propuesta de Constituyente “ciudadana, popular” busca impulsar la paz. “Mientras ellos llaman a la violencia, yo llamo a la Constituyente; mientras activan grupos violentos, yo llamo al pueblo (...) Estamos derrotando el golpe fascista”.

Maduro anunció la convocatoria el pasado lunes, aclarando que no se busca redactar una nueva Carta Magna, sino de reformar la que está vigente desde 1999 y que fue impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Lo hizo en medio de una oleada de protestas opositoras que se inició el 1 de abril para exigir elecciones generales, y que ya deja 31 muertos en choques entre manifestantes y agentes de seguridad, disturbios y saqueos a comercios.

Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente de los fallecimientos. Maduro y otros altos funcionarios denuncian “actos terroristas”, mientras sus adversarios sostienen que la violencia es desatada por “una represión” por parte de cuerpos de seguridad.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) se reunió el martes en El Salvador, pero la ausencia de siete países impidió emitir una declaración sobre  la situación de Venezuela.

EE.UU. analiza sanciones

Paralelamente un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó ayer un proyecto de ley que apunta sanciones contra funcionarios venezolanos señalados de socavar la democracia en el país.

De ser aprobado por el Congreso, se transformarán en ley las sanciones decretadas en marzo de 2015 por el entonces mandatario Barack Obama contra siete funcionarios venezolanos en 2014.

El proyecto autoriza también $ 10 millones para el suministro de medicinas y alimentos al país y otros $ 9,5 millones para grupos de defensa de derechos humanos. (I)