El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no apoyará ninguna ley de amnistía que le proponga el nuevo Parlamento, de mayoría opositora, para liberar a políticos presos al señalar que los que están encarcelados hicieron un plan para derrocarlo. Pero dirigentes de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ganó el control total de la Asamblea, afirman que el proyecto “va porque va”. En tanto, las fuerzas aliadas al Gobierno impulsan una estrategia para iniciar una reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia.

“Lo digo como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto, me podrán enviar 1.000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y lo tienen que pagar. Así lo digo”, señaló la noche del martes el Mandatario durante su programa de radio y televisión En contacto con Maduro.

Con esta declaración, el jefe de Estado respondió a las intenciones de la oposición venezolana, que prometió en campaña que, entre las primeras acciones del nuevo Parlamento, que se instalará el próximo 5 de enero, está aprobar una ley de amnistía para unas 80 personas a quienes considera presos políticos, como el líder del ala radical de la oposición, Leopoldo López. Sin embargo, la diputada electa de la MUD, Delsa Solórzano, a cargo del proyecto, rechazó la advertencia de Maduro y aseguró que la norma pasará en las primeras sesiones del Parlamento el año próximo, ya que la liberación de los reos es un compromiso de la MUD.

Responsables de ‘guarimbas’

El gobernante recordó que en febrero de 2014 se inició una ola de protestas antigubernamentales que en muchos casos se realizó con barricadas llamadas ‘guarimbas’ en las que se impedía el paso de vehículos y personas. “Duró casi 6 meses, una operación nacional e internacional apoyada por el Gobierno de Estados Unidos, y por toda la mediática mundial (...) resultado: 43 muertos, 900 heridos, la mayoría de ellos, asesinados por francotiradores”, narró Maduro.

El gobernante señaló que los hechos cometidos en el marco de la ‘guarimba’ califican como “graves delitos de lesa humanidad” y son “imprescriptibles de acuerdo a la Constitución”, por lo que no apoyará leyes de amnistía para los encarcelados por estas protestas.

De acuerdo con la oposición venezolana, aún permanecen privadas de libertad más de 50 personas por los hechos ocurridos en 2014, incluido Leopoldo López, apresado desde febrero de ese año y sentenciado en septiembre pasado a casi 14 años de cárcel. El político fue condenado por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos que se produjeron al término de una marcha a la que convocó el 12 de febrero de 2014, una jornada que se saldó con 3 muertos.

Inicia reestructuración

La MUD conquistó 109 curules en el Parlamento de 167 escaños. También ganó los 3 diputados de la representación indígena.

El chavismo, por su parte, obtuvo los 55 asientos restantes en el Parlamento que había dominado desde que el fallecido expresidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Tras el revés electoral, el presidente Nicolás Maduro pidió a todos sus ministros poner los cargos a disposición para reestructurar el gabinete. El mandatario dijo que estos cambios se harán “en todas las áreas del Estado”.

Dentro de esa reestructuración, el grupo parlamentario del Gran Polo Patriótico (coalición de grupos de izquierda que apoyan al chavismo) puso en marcha el comité para seleccionar a los 15 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos sustituirán a aquellos que están obligados a jubilarse desde hace dos meses. Esta sería una estrategia para evitar que sean reemplazados el año que viene por la nueva Asamblea al cumplirse su mandato. La canciller Delcy Rodríguez es una de las favoritas para desembarcar en el máximo órgano judicial.

Así, el Tribunal Supremo ejercería como dique de contención ante las iniciativas legislativas de los opositores y sería fundamental ante un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En otro cambio rápido, el Gobierno venezolano otorgó el control de la televisora de la Asamblea Nacional (ANTV) a los 300 trabajadores del medio, para garantizar su estabilidad laboral y ante la amenaza de la oposición de revisar el papel del canal. La MUD se ha quejado porque no tiene espacios en los medios de comunicación, ya sean oficiales o privados.

En tanto, hoy y mañana se reunirán 980 delegados en el Congreso extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que tendrá por objetivo sacar propuestas concretas para trazar un plan de acción para reimpulsar la revolución bolivariana. (I)