El gobierno español ordenó este miércoles a la representación de Cataluña en Bruselas que no permita en sus locales la reunión prevista entre el líder independentista Carles Puigdemont, que quiere ser investido presidente regional, y el presidente del Parlamento catalán, indicó una fuente diplomática.

"Se han dado instrucciones a la delegada de la Generalitat de Cataluña en Bruselas para que no permita que se celebre la reunión en los locales de la delegación de Cataluña en Bruselas", explicó la fuente.

La reunión entre el presidente de la cámara, Roger Torrent, y Puigdemont comenzó finalmente en otro emplazamiento de la capital belga, constató la AFP. Hacia las 13H (12H00 GMT) está prevista una rueda de prensa.

Torrent, presidente independentista del Parlamento catalán, llegó este miércoles a Bruselas para reunirse con el destituido presidente Puigdemont y otros cuatro diputados separatistas, ex ministros de su gobierno cesado por Madrid tras la tentativa frustrada de secesión a fines de octubre.

Actualmente, Puigdemont, acusado por la justicia española de rebelión, sedición y malversación, es el único candidato a la presidencia regional de Cataluña, y el jefe de la cámara está intentando organizar la sesión de investidura para finales de mes.

El problema es que si se queda en Bélgica, Puigdemont tendría que ser investido a distancia, lo que los servicios jurídicos del Parlamento catalán consideran ilegal, al igual que la oposición a los separatistas. El gobierno central de Mariano Rajoy ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Constitucional una eventual investidura a distancia.

Por otro lado, si regresa a España, se arriesga a ser detenido, al igual que los demás diputados instalados como él en Bruselas e igualmente acusados de rebelión, sedición y malversación por su papel en la tentativa secesionista.

Desde que Cataluña fue puesta bajo tutela del gobierno central a fines de octubre, los locales de la representación catalana en Bruselas dependen directamente del ejecutivo de Rajoy.

"No hay motivos para impedir la celebración de esta reunión (...) y nosotros nos reservamos estudiar las implicaciones legales que pueda tener esta situación", declaró Joan María Piqué, portavoz de la formación conservadora de Puigdemont. (I)