El gobierno español recordó el lunes al presidente catalán, Carles Puigdemont, que solo le quedan tres días para evitar el riesgo de una suspensión de la autonomía de su región, reprochándole su falta de claridad sobre si declaró o no la independencia.

"El gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar al requerimiento que le formuló el gobierno", dijo en conferencia de prensa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, reiterando que "solo se le pide y se le pedía claridad".

En una sesión parlamentaria confusa, el pasado martes Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum inconstitucional del 1 de octubre -con 43% de participación y 90% de síes-, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con Madrid.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le dio hasta este lunes. Este es el primer paso para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender la autonomía de una región si desobece la ley.

En su carta, Puigdemont eludió contestar y ofreció dos meses para dialogar.

"El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados", dijo Saénz de Santamaría.

Además de la conferencia de prensa de la vicepresidenta, Rajoy escribió este lunes al presidente catalán.

"Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (...), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", escribió el jefe del gobierno español.

Puigdemont, por su parte, escribió: "la prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo" por lo que "durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar".

Aunque la sociedad catalana está muy dividida sobre el tema, los dirigentes catalanes se amparan en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre, que la justicia española prohibió por considerarlo inconstitucional.

A pesar de que no contó con las garantías habituales (no hubo junta electoral ni se garantizó el voto secreto), el gobierno catalán lo da por válido.

Los sectores más duros del independentismo hicieron saber su descontento con la suspensión de la declaración de independencia y volvieron a expresarlo este lunes sobre la carta de Puigdemont.

Mireia Boya, una de los 10 diputados regionales del partido independentista de extrema izquierda CUP, esenciales para la supervivencia del gobierno de Puigdemont, reiteró que hay que declarar la independencia para negociar "de tú a tú" con Madrid.

"Nosotros decimos: Negociar siempre, todo, pero una vez reconocidos como sujeto, una vez hayamos declarado la República", dijo Boya a la radio pública catalana.

Puigdemont elaboró su respuesta en medio de una tremenda presión política, económica, diplomática y también judicial.

Este mismo lunes declaraban por segunda vez ante la Audiencia Nacional en Madrid el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y dos destacados líderes de asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Los tres declaran por "sedición", un delito que puede acarrear hasta 15 años de prisión.

Comparacen al hilo de una protesta ocurrida el 20 de septiembre en Barcelona, en la que cientos de manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles de un edificio del gobierno catalán en el que estaban efectuando registros.

En el caso de Trapero, comandante de los Mossos d'Esquadra, la acusación de sedición se extiende al 1 de octubre.

Según la Guardia Civil, que intervino utilizando la fuerza para tratar de impedir la votación, los Mossos pecaron de inacción.

La presión también vino del mundo económico: ante la incertidumbre política, del 2 al 11 de octubre 540 empresas hicieron gestiones para sacar sus domicilios sociales de Cataluña.

Los más altos dirigentes de la Unión Europea también se pronunciaron contra una secesión unilateral, al igual que varios países latinoamericanos como México, Colombia y Chile.

Juan Rosell, el empresario catalán que preside la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), instó al gobierno catalán a "volver a la legalidad".

Además, dijo que hay inquietud en todo el mundo: "jamás había tenido la cantidad de llamadas telefónicas desde el exterior que he tenido en los últimos días, para saber qué está pasando, qué debemos hacer", por parte de "inversores internacionales que tienen empresas muy importantes de todo el mundo, y que están en Cataluña con una preocupación máxima". (I)