El ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva fue blanco de tres procesamientos en menos de dos meses, un lapso en el cual Brasl registró la caída de la presidenta Dilma Rousseff, destituida por un golpe parlamentario tras un juicio político amañado por su vicepresidente hoy mandatario, Michel Temer, y un avance de la derecha en las elecciones municipales.

En las últimas horas, luego de que un juez -el tercero en dos meses- aceptara cargos contra Lula presentados por la fiscalía, volvieron a cotizar los rumores sobre procedimientos judiciales en torno de Lula. "Si detienen a Lula, esta prisión será vista como el corolario de un golpe a los ojos del mundo", advirtió la ex presidenta Dilma Rousseff.

Los rumores avanzaron con el Blog de la Ciudadanía, del periodista Eduardo Guimaraes, que simpatiza con a Lula y cuenta con información dentro del mundo jurídico, que indicó que "se está armando un verdadero show entre la TV Globo con la policía federal y los fiscales de la Operación Lava Jato. Hay una dictadura y eso debe denunciarse".

El jueves un juez de Brasilia aceptó cargos presentados por la fiscalía que sostiene que favoreció proyectos en Angola de la constructora Odebrecht, eje del escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras. Uno de los puntos de la acusación es que Lula fraguó una conferencia en Angola para cobrar dinero de la empresa, pero en las redes sociales el ex mandatario divulgó el video del seminario que ofreció ya como ex presidente, en 2011 en Luanda.

La decisión de la tercera causa fue tomada por el juez Vallisney de Souza Oliveira, quien aceptó la denuncia contra Lula, un sobrino de la primera esposa del ex mandatario, Marcelo Odebrecht -ex titular de la constructora preso y condenado por corrromper funcionarios- y otras ocho personas.

Es el tercer juicio que se le abre a Lula en 2016, uno por la propiedad de un departamento, que investiga el juez Sérgio Moro, del caso Petrobras, y otros dos en Brasilia, uno por obstruccón de la justicia en la operación Lava Jato y ahora el del caso Angola.

Al mismo tiempo, la Receita Federal (el órgano fiscal brasileño) suspendió la exención impositiva otorgada en 2011 para el Instituto Lula, una ONG, al considerar que el ex presidente lucró con los seminarios que ofreció a empresas nacionales y extranjeras, entre ellas las investigadas en el escándalo de Petrobras.

Este nuevo juicio abierto por Oliveira pretende determinar la veracidad de la acusación de la fiscalía de que Lula influyó en el bando de fomento BNDES y otros organismos gubernamentales para favorecer a Odebrecht en préstamos para obras de ingeniería realizadas en Angola.

El gobierno de Michel Temer suspendió más de la mitad de los proyectos que el BNDES estaba financiando a empresas brasileñas en el exterior, en una suma de unos 7.000 millones de dólares. Según la denuncia sobre Angola, los fiscales dicen que Lula actuó durante su presidencia (2003-10), lo cual incurriría en el delito de corrupción, y luego como ex presidente, con supuesto tráfico de influencias.

La defensa de Lula dijo, en un comunicado enviado a El Telégrafo, que existe una verdadera persecución por parte de un sector del Ministerio Público que realiza política y que acusó al ex mandatario de haber montado una organización criminal durante su gobierno.

Lula denunció ante la comisión de derechos humanos de la ONU al juez Moro y pidió sanciones por desvío de funciones contra los fiscales que dicen que un apartamento en el balneario de Guarujá es de su propiedad, cuando en realidad desistió de comprarselo a la constructora OAS.

Según la defensa, Lula es víctima de "lawfare, que significa una guerra lanzada por medio de manipulaciones de las leyes para golpear a un enemigo político" por parte de un sector de la fiscalía. "Lula jamás interfirió en las decisiones del banco público BNDES, que toma sus decisiones en forma colegiada y basada en técnicos de carrera".

Según el Partido de los Trabajadores, que busca una nueva conducción tras la debacle sufrida en las elecciones municipales del 2 de octubre, el objetivo es que Lula se encuentre condenado en segunda instancia para inhabilitarlo a participar de las elecciones de 2018.

En ese marco, el presidente Michel Temer, quien asumió el cargo tras la destituición y traición de Rousseff, no para de sorprender en la semana en la cual se votó en primer turno una enmienda constitucional para congelar el presupuesto por 20 años y obtuvo la bendición del mercado financiero nacional e internacional.

Ahora, se conoció que Temer se reunió en forma privada con el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso y el juez de la corte suprema Gilmar Mendes, quien investiga al jefe del Estado sobre la existencia de delitos como lavado de dinero y corrupción en sus cuentas electorales.

El propio Mendes, titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), contó el contenido de la reunión que mantuvo con Temer, a la que calificó como una "conversación de viejos amigos" realizada el miércoles en el Palacio de Jaburú, en Brasilia, durante el feriado del 12 de octubre, Día de la Virgen de Aparecida, patrona de Brasil.

Mendes investiga cinco denuncias abiertas por el PSDB contra la fórmula presidencial Dilma Rousseff-Temer por supuesta financiación ilegal de campaña. En marzo pasado, Temer -líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)- se alió al PSDB y respaldó el juicio político a Rousseff, quien fue suspendida del cargo en mayo y destituida el 31 de agosto por violación de la ley fiscal.

Temer quiere que apenas DIlma sea juzgada por irregularidades en la contabilidad electoral de 2014. "Cuando alguien atropella a una persona, el copiloto no es responsabilizado", graficó Temer. (I)