El escándalo provocado por la constructora brasileña Odebrecht ha puesto en jaque a varios líderes latinoamericanos. Uno de ellos es el peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien hoy puede convertirse en el primer presidente que cae.

El mandatario comparece en este momento ante el Congreso para defenderse de las acusaciones que apuntan a que empresas vinculadas a él recibieron casi cinco millones de dólares por asesorar a la compañía brasileña. "Yo no he mentido, no soy corrupto", ha repetido Kuczynski.

Su suerte parece estar escrita: 93 de los 130 diputados del Parlamento peruano pidieron abrir el proceso de destitución y se necesitan 87 votos para echarle.

Su posible destitución metería a Perú en un período incierto, con la sombra de convocar elecciones e impactando de lleno en su crecimiento económico.

Un vicepresidente en la cárcel
El caso Odebrecht, que ha reconocido haber pagado multimillonarios sobornos para lograr licitaciones, ha sido particularmente removedor en Perú.

El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa están en prisión preventiva por recibir presuntamente 3 millones de dólares para su campaña y sobre el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) hay una orden de captura y pedido de extradición desde Estados Unidos por beneficiarse supuestamente de 20 millones.

Ecuador tampoco se ha salvado de este terremoto político.

Su vicepresidente, Jorge Glas, fue sentenciado el miércoles pasado a seis años de prisión por asociación ilícita tras recibir 13,5 millones de dólares en sobornos.

Su condena "marca una ruptura con el ocultamiento de la corrupción que hubo durante el gobierno de Rafael Correa" (2007-2017), según el politólogo Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.

Lula, en el punto de mira 
Brasil es el otro país donde Odebrecht ha dejado más víctimas, aunque es apenas un capítulo de la Operación Lava Jato que investiga los sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para obtener licitaciones en Petrobras.

La empresa hasta tenía un departamento dedicado a la gestión y distribución de sobornos a políticos brasileños.

El expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) está con la soga al cuello por su presunta vinculación.

La justicia investiga si Odebrecht le pagó un terreno para su instituto en Sao Paulo y si ofreció a su familia un apartamento en una localidad cercana.

En el marco de Lava Jato, Lula ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por recibir un lujoso tríplex en un balneario.

Si la segunda instancia judicial confirma la condena, puede ir a prisión y quedar fuera de las presidenciales de 2018.

En este sentido, el analista político Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), subraya que "la eventual caída del presidente peruano probablemente será usada en las elecciones brasileñas para criticar a los gobiernos del Partido de los Trabajadores", el de Lula y de su sucesora Dilma Rousseff, destituida en 2016.

El director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, fue de su lado condenado a 20 años de cárcel por el caso, reducidos luego a diez. El 19 de diciembre pasará a prisión domiciliaria por colaborar con la justicia, tras haber pasado dos años y medio en una cárcel de Curitiba (sur).

Sus delaciones permitieron investigar a ocho ministros del actual presidente, Michel Temer, un tercio del Senado y unos 40 diputados.

El mandato del propio Temer también peligró por las denuncias sobre la presunta aportación de Odebrecht a la candidatura presidencial que formó con Dilma Rousseff, su antecesora, aunque la justicia electoral lo absolvió en junio de este año.

Las garras de la constructora brasileña también apuntaron a Venezuela, donde dijo haber desembolsado 98 millones de dólares.

El presidente Nicolás Maduro se vio envuelto en la polémica, pero la justicia --acusada por la oposición de ser partidista-- frenó las acusaciones y descartó investigarlo.

Los tentáculos también alcanzaron a dos hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y a tres de sus ministros, todos imputados, y al exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), único investigado en su país y acusado de aceptar al menos 10 millones de dólares. (I)