Cataluña y España parecen condenados a un enfrentamiento total. Y no tardará mucho en producirse. Posiblemente antes del 1 de octubre, fecha límite estimada por algunas fuentes para la celebración del referéndum independentista que promueven algunos partidos catalanes desde 2012.

Presionado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el Ómnium Cultural y los 781 localidades englobadas en la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), al presidente Carles Puigdemont no le quedó otra opción que convocar ayer a partidos y movimientos soberanistas a una cumbre de urgencia para consensuar con el calendario definitivo que determinará la ruptura unilateral con España. El efecto provocado en el Gobierno fue instantáneo.

La vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al presidente catalán de “alimentar su victimismo” debido al  clima preelectoral que se respira en Cataluña. “Está instrumentalizando un proceso que no tiene salida. Y lo hace porque está pendiente de las encuestas”.

La noticia sorprendió a Mariano Rajoy en plena cumbre hispano-lusa que ayer se celebró a bordo de un barco en el río Duero, entre Salamanca y el puerto fluvial portugués Señora de Ribeira.
Durante el trayecto, el presidente español contactó con Pedro Sánchez para informarle de las medidas que su ejecutivo diseña para evitar la celebración de la consulta.

Fuentes socialistas informaron que el líder del PSOE trasladó a Rajoy su oposición a un referéndum que calificó de ilegal. Casi al mismo tiempo, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, pidió al PP la convocatoria urgente de una reunión de los partidos del Parlamento para “demostrar que hay un bloque constitucionalista” y una mayoría contraria a la celebración de la consulta.

Tras este pacto de hierro sellado ayer entre los líderes de las dos principales fuerzas políticas del país, la capacidad de maniobra del bloque independentista queda reducida a la mínima expresión. (I)