El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner volvió a decirles no a los ‘fondos buitre’. En su último año de mandato, la presidenta argentina subió la apuesta en su cruzada para normalizar los pagos de su deuda en ‘default’, denunciando un ataque especulativo a nivel regional que apunta a las dos economías más importantes de Sudamérica: Brasil y Argentina.  

Su joven ministro de Economía, Axel Kicillof, fue el encargado de advertirle a Brasilia que los ‘holdouts’ buscan horadar determinados procesos políticos incómodos a los grandes centros de poder económico mundial, empezando por el gobierno de Dilma Rousseff.

“Hay una estrategia más generalizada que está utilizando la cuestión financiera como campo de batalla contra determinados procesos políticos”, dijo Kicillof al diario Página/12 y alertó que en la mira está ahora la compañía estatal brasileña Petrobras.

Kicillof, uno de los ministros más cercanos a la mandataria, dijo que en 2014 “trataron de llevar a Argentina al default, quisieron hacer caer la reestructuración de deuda del año 2005. Ahora vemos cómo los mismos actores, (el fondo) Aurelius concretamente, aparecen atacando a Brasil. Estos episodios van a quedar en los anales de cómo se desarrolla una guerra sin armas, desde el terreno judicial y con objetivos políticos”.

Este fondo especulativo fue uno de los impulsores de la millonaria demanda presentada contra Argentina por la deuda impaga en los tribunales de Nueva York que benefició a los ‘holdouts’ por $ 1.650 millones. Y ahora inició un reclamo similar contra Petrobras en los tribunales de Providence (Estados Unidos) por la presunta falsificación de información contable.

Pero ¿cuál es el objetivo de esta demanda contra una empresa insigne del Estado brasileño? Muy simple: Aurelius tiene en  sus manos bonos emitidos por Petrobras bajo la ley de Nueva York y pide una amortización adelantada con intereses de dichos papeles. De concretarse este pedido, la compañía brasileña arriesga ser arrastrada al ‘default’.

“Este paralelismo no es gratuito ni casual. El ataque simultáneo contra Argentina y Brasil está tratando de generar un descalabro financiero en la región”, graficó Kicillof.

Argentina tiene ahora un terreno más llano para negociar con los ‘fondos buitre’ el pago de la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa. A fin de año venció la llamada cláusula RUFO que habilitaba a los tenedores de bonos -que aceptaron quitas de hasta el 60% en sus bonos- a reclamar el mismo trato recibido por los ‘holdouts’. En la práctica, pagar la sentencia de Griesa el año pasado significaba abrir el grifo a nuevas demandas de bonistas oficiales.

Pero quienes esperaban una rápida normalización del conflicto quedaron otra vez defraudados. Kicillof ratificó que harán a los tenedores de bonos que no ingresaron al canje la misma propuesta que en 2010. En síntesis, la cifra representa más del 25% de lo que reclaman los ‘fondos buitre’. La quita propuesta es la misma: 65%.

“La oferta nuestra es la misma de 2010, en la que ofrecimos lo mismo de 2005. Los discount, con una quita del 65%. Ofrecemos a cambio un discount como si hubieran entrado al canje en 2005, con intereses capitalizados durante el período y estamos dispuestos a ofrecer también el cupón PBI desde el primer canje, capitalizado. Puede dar hasta 10% del valor nominal. El que tiene $ 400 millones en bonos cobra 400 millones. Son $ 6.500 millones en total para el 7,4% que no entró al canje”, resumió Kicillof.

La guerra sigue en pie. Los ‘holdouts’ buscarán hacer cumplir el fallo de  Griesa, pero el Gobierno argentino se mantendrá firme en su posición en un año electoral que decidirá quién sucederá a la presidenta. Según los sondeos, esta posición intransigente hacia los ‘fondos buitre’ le ha valido a Cristina Fernández recuperar elevados niveles de popularidad que han llegado hasta el 45%.

Mientras tanto, el país sudamericano seguirá en ‘default técnico’, lo que ahondará la necesidad de dólares, un bien escaso en estos días y pondrá el ojo en un mayor control a las importaciones con una economía estancada y de elevada inflación, aunque cerró el año 2014 con un consumo en alza.

“De aquí a las elecciones -sintetizó el economista Guillermo Nielsen, asesor del postulante presidencial opositor Sergio Massa- Argentina puede llegar inercialmente con el esquema que tiene”.

DATOS

En 2001, Argentina se vio incapaz de pagar más de $ 95.000 millones en deuda externa, por lo que procedió a renegociar con los acreedores. En 2005 y 2010 convenció al 92% de los acreedores para que aceptara un intercambio de los bonos fallidos por otros a pagar en el futuro. El 8% restante de acreedores rechazó la reestructuración de la deuda y comenzó a litigar para obtener lo acordado inicialmente por contrato.

Entre los acreedores que rechazaron el impago ordenado están varios ‘hedge funds’ (fondos buitre) que adquirieron esta deuda soberana en 2001 a precio de saldo y apuestan por ir a los tribunales con el fin de obtener una gran rentabilidad. Tras más de una década de litigios, en 2012 un juez estadounidense dio la razón a los acreedores, a los que Argentina tendría que pagar más de $ 1.500 millones. La administración de Cristina Fernández apeló a la decisión y el pasado junio la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que definitivamente el Gobierno argentino abone la deuda contraída con los inversores.

El Gobierno argentino se niega a realizar el pago exigido por lo que un juez de Nueva York declaró al país en desacato. Hasta el momento el país está en el denominado ‘default técnico’.