Varios gobiernos han reforzado los controles fronterizos
Los flujos migratorios cambian dentro de la Unión Europea
En el período reciente se conoce el fenómeno contemporáneo de la migración interna en Europa a través de la creación del espacio de Schengen que entró en vigor en 1995. Con este acuerdo los países suprimieron los controles entre sus fronteras permitiendo así la libre circulación de cada individuo.
Hoy el espacio se compone de 26 países que no son miembros de la Unión Europea (UE), por ejemplo Suiza e Islandia. Además, varios convenios se firmaron con países que se ubican fuera de Europa. Es el caso de Colombia y Perú que recientemente obtuvieron la supresión de la visa turística, lo que permite esos ciudadanos viajar libremente durante 90 días.
La naturaleza de migración entre países más destacada es la de origen económico. Antes de la crisis, se estimaba que solo el 1,6% de la población de la UE vivía en otro estado miembro. Sin embargo, con el empeoramiento de la situación económica y social del sur del continente, las cifras de los flujos migratorios cambiaron mucho en los últimos años.
Alemania, como primera potencia económica del continente, siempre acogió a numerosos ciudadanos de sus vecinos, como polacos e italianos. Ahora surgen nuevas tendencias, por ejemplo la llegada masiva de griegos y españoles. Entre 2004 y 2012 la inmigración española a Alemania habría subido más del 200% superando los 50.000 residentes, mientras que los griegos serían casi 300 mil.
El ‘exilio’ de los jóvenes de los países del sur de Europa tomó una amplitud inédita, después de la última crisis. Los otros países de la UE y América Latina son los destinos favoritos de quienes buscan un futuro prometedor.
Portugal, un país que cuenta con 11 millones de habitantes, vio irse a 200.000 ciudadanos entre 2011 y 2013, en una tendencia que no suele invertirse.
La cuestión de la migración interna en la UE tomó un giro importante cuando ingresaron los últimos 12 países (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre en 2004 y Bulgaria en Rumania en 2007). Cuando se integraron esos Nuevos Estados Miembros (NEM) sus ciudadanos podían circular libremente, pero el hecho de trabajar en otro fue sujeto de discusiones.
Para evitar desequilibrios dentro de los mercados de trabajo nacionales, los entrantes se sometieron a un período de ‘transición’ de 7 años. Ese tiempo permitió a los 15 ‘antiguos’ países evaluar sus necesidades de mano obra extranjera, abriendo poco a poco los sectores de sus economías.
La apertura de la migración interna en la UE se hizo al precio de la consolidación de sus fronteras externas. Desde que eran todavía ‘candidatos’ hasta ahora los NEM han tenido que ajustar sus políticas migratorias como lo desean las normas que vienen de Bruselas, lo que significa reforzar los controles hacia sus vecinos que no son parte de la UE.
Una vez más, son también las disparidades económicas entre los países las que han vuelto a ser debatidas. Mientras que el salario mensual mínimo en Francia se encuentra en 1.400 euros, en Bulgaria es de 173 euros. Desde el 1 de enero de este año los ciudadanos rumanos y búlgaros han entrado en el espacio Schengen y pueden trabajar libremente en cualquier país por lo que muchos temieron olas masivas de migrantes.
Ese fue el caso del primer ministro inglés, David Cameron, que quiere reducir la libertad de circulación. Declaró que la ampliación de 2004 puso en marcha “el movimiento migratorio más importante que tuvo Europa aparte de los tiempos de guerra. Ya un millón de personas de Europa central y oriental viven en el Reino Unido”.
La integración de Bulgaria y Rumania hace eco de los debates que hubo sobre ciertas poblaciones europeas. Los gitanos (término que designa distintos pueblos) son la minoría más importante de Europa.
Presentes en todos los países, constituyen partes aún más importantes de la población en los países de Europa Central. Discriminados en sus países, muchos fueron a ganarse la vida en otras zonas de la UE.
Cuando llegaron a su destino final muchos se quedaron en situaciones precarias y excluidos del trabajo. En Francia, por ejemplo, no se desarrolló ninguna política de inserción. La intervención del Estado se hizo principalmente con el desmantelamiento de los campamentos en los cuales viven los gitanos recientemente llegados. Así, en 2013, 20.000 personas sufrieron de las “medidas de alejamiento” del Gobierno, una política de rechazo que no resolvió nada.
La UE y su libertad de trabajar en cualquier sitio se enfrenta a la cuestión de los ‘trabajadores desplazados’. Son ciudadanos que migran para trabajar pero sin desafiliarse de sus países de origen. Representan 1,5 millón de personas y en teoría durante estas ‘prestaciones transfronterizadas’ los trabajadores tienen que estar pagados al nivel del salario mínimo en vigor en el país donde trabajan. Sin embargo, pocos controles se imparten y varios empresarios no declaran los contratos, lo que lleva a un fenómeno de dumping social (concurrencia desleal en el mercado de trabajo).
Antes de ponerse a trabajar los europeos se desplazan más entre países que antes. De hecho, a través de programas como Erasmus los intercambios universitarios aumentaron considerablemente. Desde su creación en 1987 más de 3 millones de estudiantes europeos viajaron a otro país durante varios meses.
Fue un programa exitoso que permitió a miles de ciudadanos europeos formarse en otro país y desarrollar vínculos entre los jóvenes más allá de las fronteras.
El dato más relevante es que hoy en día nacieron más de 1 millón de baby Erasmus, niños de padres de nacionalidades distintas gracias a estos viajes.