Cinco de los siete exmilitares del Ejército chileno detenidos por el emblemático caso del asesinato de un fotógrafo en 1986 durante la dictadura de Augusto Pinochet, declaraban este miércoles ante un juez para determinar su situación judicial.

Los cinco militares, detenidos el martes, "fueron llevados por oficiales de la Policía Civil ante el juez Mario Carroza", para declarar sobre el asesinato de Rodrigo Rojas De Negri, quien fue quemado por una patrulla de militares en 1986 junto a la estudiante Carmen Quintana, quien sobrevivió durante una protesta en contra del régimen de Pinochet (1973-1990), informó una fuente del Poder Judicial.

El juez Carroza determinará la situación judicial de los siete militares, dos exoficiales y cinco suboficiales, durante la investigación que realiza en el marco de una querella que interpusieron familiares de Rojas en 2013, y que reabrió el caso.

"El día viernes debería estar dictando una resolución para saber cuál va a ser su situación procesal", declaró Carroza durante la jornada, sobre si dicta una orden de procesamiento o libera a los militares detenidos.
Los cinco uniformados Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo quedaron detenidos en un batallón de la Policía Militar.

Los otros dos exuniformados, Sergio Hernández y Julio Castañén, se encontraban en el sur del país, y eran trasladados a Santiago para prestar declaraciones.

El magistrado ordenó los arrestos luego de haber recibido la declaración del exconscripto Fernando Guzmán, quien aseguró haber sido parte de la patrulla militar que detuvo a Rojas y Quintana, golpeados los militares que luego los rosearon con gasolina y prendieron fuego con un encendedor, según el testimonio.

El fotógrafo murió luego de una agonía de cuatro días, mientras que la estudiante sobrevivió pese a tener el 62% de su cuerpo quemado.

Guzmán habría roto un supuesto pacto de silencio que acordaron los militares que participaron en el hecho, lo cual fue celebrado por organizaciones de Derechos Humanos y el gobierno chileno.

El caso tomó relevancia internacional ante la crueldad con la que fueron quemados ambos jóvenes, quienes se transformaron en un símbolo de los derechos humanos y la lucha en contra de la dictadura, que dejó 3.200 muertos y más de 38.000 detenidos y torturados, según datos oficiales. (I)