Madrid

La crisis económica que sufre España ha provocado que la mitad de los habitantes de este país baje de clase social y viva en situación de precariedad, así lo confirman dos informes oficiales. El estudio “Adiós a las clases medias” elaborado por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), señala que el 43,74% de la población en España, unos 20,6 millones de personas, se encuentra en situación de precariedad, debido al aumento del paro, la rebaja de salarios y los ajustes realizados por el Gobierno.     

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, explicó que desde el año 2007, en que se inició la crisis, se han incorporado a ese índice casi 2 millones de españoles y entre los más afectados por la crisis, 16 millones de personas que están en situación de precariedad corresponden a mileuristas asalariados (personas con ingresos que no superan los 1.000 euros al mes).         

Los técnicos han calculado la tasa de precariedad en base a datos oficiales que incluyen a núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, además de los hogares que no tienen ingresos de ningún tipo, que este año son ya casi los 3 millones en el Estado.                                     

Las Comunidades Autónomas que tienen una precariedad más alta son Extremadura, con un 53% de la población y 590.000 personas adultas en esta situación, seguida por Andalucía, con una tasa del 51,1%, y casi 4,3 millones de adultos afectados. Euskadi y Navarra son las regiones con la tasa de precariedad más baja, con un 24,11% y un 22,20% respectivamente.            

Según Gestha, esta desigualdad entre rentas bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas subidas de impuestos, especialmente en el IVA. A estas se han sumado los recortes aprobados en los últimos dos años y medio, que han impactado especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que engloban al 85% de los trabajadores.

Otro estudio elaborado por la empresa demoscópica My Word, señala que el mayor impacto por la recesión lo siente la clase media, que considera que vive peor que durante el comienzo de la crisis, mientras que la clase media alta  tiene el síntoma de haber perdido poder adquisitivo.  

El informe, que se elaboró en base a encuestas a los afectados, establece que  la percepción de vivir peor se ve en todos los estratos sociales: un 10% cree que ha descendido de media-baja a baja, y un 4% ve su situación al límite de la pobreza, indica el informe. Además, indica que la clase alta se salva de los fuertes impactos de la crisis, ya que sigue viéndose en una situación privilegiada porque tan solo un 0,7% declaró haber caído de la clase alta a la media-alta.

Solo los desahucios no notificados se detendrán

La nueva medida del Gobierno encaminada a paliar el drama social de los desahucios, entró en vigor ayer tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, la norma solo se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales en los que no se hubiese ejecutado la notificación. Lo cual quiere decir que no beneficia a aquellas familias que hasta ayer, debido a no poder pagar la deuda con el banco, el juzgado haya establecido que la vivienda va a ser embargada.   

Además, según indica el propio texto, esta norma tiene un “carácter excepcional y temporal” y de ninguna forma modifica la legislación hipotecaria actualmente vigente, que es precisamente lo que se está pidiendo desde los colectivos de afectados y la oposición política. 

A partir de ayer, se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de familias numerosas; unidad monoparental con dos hijos a cargo; familias con un menor de tres años, y familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33%.

En este contexto, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, calificó el decreto de “insuficiente” y señaló que la medida pondrá “a la gente a competir para ver quién está más enfermo y quién es más desgraciado”.

Colau consideró que “todas las personas que, en el caso de vivienda habitual, dejan de pagar por causas ajenas a su voluntad deberían poderse acoger a una moratoria de estos desahucios”. Y mientras se ponía en marcha la norma, un hombre a punto de ser desahuciado se suicidó ayer lanzándose por la ventana de su domicilio hacia la vía pública, en Córdoba, sur de España. Es el tercer suicidio en un mes.