Tal vez la historia del ecuatoriano Nelson Castillo, de 39 años, fue la  que sonó más esta semana luego de que logró salvarse del desahucio de su apartamento en el barrio de Pueblo Nuevo (Madrid). Pero no por mucho tiempo.

Él y su esposa, Kelly Herrera, de 40 años, tienen hasta el 30 de este mes para abandonar su piso, pues siguen siendo prisioneros de una deuda astronómica y de una garantía que dieron en beneficio de otra familia a la que ni siquiera conocen.  

La pareja, que llegó a España en 1996, debe buscar una solución y devolver los 222.000 euros (291.028 dólares) que le reclama el banco por su vivienda, en caso de que quieran conservarla.

Sin embargo, este no es el único caso. La Conadee (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España) y la Plataforma de Afectados de las Hipotecas calculan que solo en Madrid hay entre 8.000 y 10.000 compatriotas que se han visto afectados por las ejecuciones hipotecarias desde el año 2007 y en todo el país ibérico la agrupación calcula que entre 50.000 y 80.000 personas estarían enfrentando este problema, la mayoría de ellos migrantes connacionales.     

La ecuatoriana Aída Quinatoa, presidenta de la Conadee y portavoz de la Plataforma, especifica que solo en la capital española se producen 30 desahucios diarios, de ellos, 16 son de  migrantes, diez de los cuales son de nuestro país.

En el caso de Castillo, Quinatoa manifiesta que hoy se reunirán los miembros de la agrupación para buscar estrategias y evitar que a fin de mes se ejecute el desahucio que no se realizó el martes pasado por razones humanitarias, ya que los dos hijos de la pareja son menores y Kelly sufre una lesión en la rodilla que le impide trabajar, según Rafael Mayoral, abogado de la pareja. Pero, sobre todo, dice el profesional, porque han sido “víctimas de una estafa”, habiendo recurrido para conseguir su hipoteca a un intermediario actualmente investigado por la justicia española.

Al igual que otras nueve familias, la pareja ha denunciado a un organismo denominado la Central Hipotecaria del Inmigrante, que negociaba préstamos para migrantes por medio de un sistema de “avales cruzados” entre compradores que no siempre se conocen, explica el abogado. “Se trataba de un sistema de encadenamiento de avales, encubierto bajo un supuesto programa de avales solidarios”, denuncia Mayoral tras resaltar que era un sistema piramidal de gestión del riesgo financiero.

A pesar de la investigación sobre este organismo, la justicia ha rechazado una moratoria para los desahucios y el proceso sigue su curso, convertido ya en algo habitual desde el comienzo de la crisis en 2008, con oficialmente 300.000 casos.  

En 2006, Nelson y su esposa decidieron pedir un préstamo para comprar un apartamento, cuando España estaba en la cresta del “boom” inmobiliario y los precios se habían disparado. La pareja contrató una hipoteca a tipo variable y se comprometió a pagar 900 euros al mes.      

Pero el Euribor, el tipo de interés de referencia para su hipoteca, subió y desde 2009 la cuota mensual ascendió a 1.420 euros. “Ya no se podía pagar, ganando 1.000 euros y pagando 1.420. Mi esposa no ganaba tampoco mucho”, recuerda.

“Ahora mismo me están reclamando lo mío, 222.000 euros de mi hipoteca y más adelante me reclamarán lo de la otra hipoteca”, augura Nelson. Es por ello que la representante de la Plataforma de Afectados de las Hipotecas, Aída Quinatoa, enfatiza que la arremetida de los bancos es ahora contra los avalistas, por eso la cantidad de personas que enfrentan ejecuciones hipotecarias ha aumentado, porque hay sentencias contra ellos (garantes).

Mientras tanto, el gobierno español aprobó un “código de buenas prácticas” destinado a los bancos, con el fin de evitar los desahucios en los casos más dramáticos.

Este procedimiento consiste en que las entidades bancarias españolas deberán refinanciar las hipotecas de las familias que no puedan pagar su crédito y que cumplan ciertas condiciones, además aceptarían en casos extremos la dación en pago.   

El ejecutivo conservador de Mariano Rajoy aprobó el decreto ley que incluye este código, el mismo que  busca “paliar la situación dramática de más de 1,5 millones de familias que tienen a todos sus miembros desempleados y que, al carecer de ingresos, no pueden pagar el crédito de su vivienda y se ven abocados a ejecuciones hipotecarias y al desahucio”, indica  la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.  

Pero Nelson y su familia no se han beneficiado de esto. A él no le dieron ninguna opción, comenta, porque quiso devolver el piso, sin embargo no se lo permitieron. 

Su compatriota Maritza Montesdeoca, de 41 años, en cambio, se encuentra en trámite del proceso de  dación de pago. Ella está sin trabajo desde el 29 de febrero y manifiesta que ya no puede pagar la deuda de la hipoteca que es de 900 dólares mensuales. Su  caso se complica más porque su esposo, Frank, lleva cuatro años sin empleo.

Montesdeoca, que llegó de Guayaquil a Valencia hace once  años, acudió al Consulado de Ecuador y los abogados le recomendaron la dación en pago. Y es que la Embajada ecuatoriana en España puso  en marcha un servicio de asesoramiento jurídico para los ciudadanos del país afectados por las deudas hipotecarias y los desahucios derivados de su ejecución.  

Este programa piloto lanzado por el Gobierno ecuatoriano corre a cargo de un equipo de abogados especializados en temas migratorios e hipotecarios que se encargarán de informar a los connacionales de forma gratuita en las cuatro provincias españolas con mayor presencia de estos inmigrantes: Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia.  

En estas zonas viven 268.894 de los 360.710 ecuatorianos que residen en España, y a ellos, sobre todo a los que han sufrido o corren riesgo de sufrir un desahucio, va dirigida esta iniciativa en la que participa el bufete de abogados “Cooperativa Kinema”. 

Maritza cuenta que ella hizo un préstamo por 108 mil euros que era lo que supuestamente costaba el piso, pero según las escrituras la casa está valorada en solo 78.000 euros. Por ello, a la compatriota, que a estas alturas ya todo le da igual, pues lo único que quiere es no tener deudas, su abogado le ha  recomendado que ya no pague nada, “porque los ladrones y estafadores son ellos”.   

“La abogada me dijo que esto tardaría año o año y medio, y cuando salga el juicio haremos una  contrademanda por daños y perjuicios por la estafa”, agrega.        

Como representante de la Conadee, Aída Quinatoa  considera que  entregar la casa en dación de pago es lo último que se debería hacer, porque  hay gente que no quiere volver a Ecuador, ni irse a otro país de Europa, sino resistir en España, pese a la crisis. 

“Entonces la dación en pago no es solución, es entregar mi piso para que el banquero siga haciendo negocio con él”, opina. Sin embargo, admite que la entrega de llaves sería la última instancia para quedarse sin deudas.

El otro pedido que hace la Plataforma es que el Gobierno español autorice un alquiler social de los  apartamentos abandonados que están en manos de los banqueros y que se renten en base al recurso económico de cada familia.   

Quinatoa pide, además, una auditoría social para conocer cómo ha sido la estafa. Por ejemplo, la dirigente quiere saber cuánto realmente costó su piso y si es un apartamento basura bajo protección oficial. Ella ya ha  pagado 90 mil euros, pero el precio que dice la escritura matriz es de solo 45 mil euros.