A 40 años de su fallecimiento, la figura del dictador Francisco Franco mantiene hoy un polémico lugar en la sociedad española, dividida entre críticos y defensores de quien gobernó con mano de hierro el país desde 1936 hasta 1975.

De 130.000 a 150.000 fusilados, de los cuales se estima que 108.000 siguen enterrados en paraderos desconocidos, 270.000 presos, más de 300.000 emigrados y unos 30.000 niños robados, dejó el franquismo, pese a los cientos de monumentos en su memoria.

Esta tragedia de grandes dimensiones es aún una asignatura pendiente en España, donde nadie ha sido imputado por los crímenes y no existe un proceso abierto, lo cual es obstaculizado por la Ley de Amnistía aprobada en 1977.

El único intento de hacer justicia concluyó en 2012 con la acusación de prevaricación (cargo del cual fue absuelto) del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en un proceso que dejó la impresión de un ajuste de cuentas y una advertencia a los demás magistrados.

La amnistía no convence a víctimas, familiares, agrupaciones de memoria histórica ni a la ONU, cuyas investigaciones consideran que se cometieron violaciones masivas de derechos humanos durante la dictadura instaurada tras el golpe de Estado de 1936.

Para estos sectores e investigadores son imprescriptibles los crímenes cometidos, que incluyeron torturas, desapariciones, ejecuciones y robos de bebés de madres republicanas.

El único proceso judicial lo lleva la argentina María Servini, en virtud del principio de la justicia universal, pero el intento es obstaculizado por la negativa de las autoridades españolas de acceder a los pedidos de deportación de varios acusados, con el mismo argumento de la Ley de Amnistía.

En la continuidad de la lucha por la justicia, más de 70 colectivos y asociaciones de víctimas del franquismo pidieron a los partidos políticos incorporar en sus programas electorales la creación de una comisión de la verdad y la investigación de los crímenes.

Frente a esto, numerosos símbolos franquistas, desde monumentos hasta nombres de calles y reconocimientos oficiales, permanecen en España, más o menos visibles y organizaciones como la Fundación Nacional Francisco Franco reivindican su legado.

Esta organización, que ensalza la figura del dictador, organiza para el próximo 3 de diciembre un acto conmemorativo en un hotel madrileño como celebración del 123 aniversario de su nacimiento. La fundación reconoce a Franco como el líder que liberó a España del comunismo, impidió al país entrar en la Segunda Guerra Mundial, e impulsó el auge económico.

La entidad ha organizado al menos 17 misas por celebrarse en recordación de Franco al cumplirse 40 años de su muerte y posterior entierro en un ostentoso complejo funerario, derecho negado a miles de víctimas, aunque fuera en su manifestación más sencilla.

En un intento de explicar la contradictoria actualidad, el historiador británico Paul Preston, conocido por la biografía de Franco publicada en 1993, indicó que mientras en Alemania, Italia y Japón hubo un proceso de des-nazificación, lo mismo no sucedió en España. Lo que hizo Franco con una represión terrorífica, control férreo de los medios de comunicación y del sistema de educación -opinó- fue un lavado de cerebro nacional, que no se pudo deshacer con la llegada de la democracia.

Además, en opinión de Preston, sus partidarios tuvieron 30 años después de la derrota nazi para limpiar su imagen y a ello se debe, desde un punto de vista histórico, la permanencia de símbolos y de su influencia.

Esto último, considera en una entrevista al diario chileno La Tercera, explicó por qué el gobernante Partido Popular no reconoce la ilegitimidad del régimen de Franco, establecido por un golpe militar y responsable de la muerte de miles de ciudadanos. Eso -opinó- habla de la influencia de Franco. (I)

Datos

El general Francisco Franco desencadenó con un golpe de Estado la guerra civil española (1936-1939), que ganó con el apoyo decisivo de Adolf Hitler o Benito Mussolini.

Falleció el 20 de noviembre de 1975, su deceso abrió el camino a la democratización de España bajo el entonces joven rey Juan Carlos y su primer ministro Adolfo Suárez.

Abogados españoles, encabezados por el exjuez Baltasar Garzón, presentaron una petición al gobierno para que los restos del dictador Francisco Franco no estén sepultados junto a los de sus víctimas.

Los restos de Franco reposan en el descomunal mausoleo construido entre 1940 y 1958, a 50 km de Madrid, con el trabajo forzado de 20.000 presos del bando republicano, perdedor de la Guerra Civil.