A tiro de piedra del edificio Agbar de Barcelona, una enorme mole de acero con forma de misil, se levanta uno de los barrios con mayor tasa de migrantes.

Recostado en el balcón de su vivienda, a Víctor de Diego se le ilumina el rostro cuando alguien le pregunta por Cataluña: “Queremos celebrar un referéndum que determine si queremos o no permanecer en España, pero el gobierno español no lo acepta”. 

Nacido hace 53 años en Euskadi, lleva más de media vida viviendo en la capital catalana. Él fue una de esas dos millones de almas que el 1 de octubre acudió a votar en el referéndum ilegalizado.

 “Fui con mis dos hijas, una de ellas nacida aquí, porque los tres creemos en una República de Cataluña soberana”, explica. Su discurso sobre el procés es indulgente. “Este país será lo que quieran los catalanes. ¿Qué hay de malo en ello?”, se pregunta. 

No hace falta escarbar mucho en las opiniones para determinar cuál es el origen del sentimentalismo catalán.

Está en los libros de historia, con una fecha señalada, la Diada del 11 de septiembre de 1714, y un héroe, Rafael Casanova, el militar encargado de la defensa de Barcelona contra el sitio borbónico de 1714 que acabó a sangre y fuego con su autonomía.

 Este fue un hecho tan inolvidable que cada año lo recuerdan como un martirio patriótico.

Poseedores de un idioma propio que utilizan en todos los órdenes de la vida, su viejo desapego con España resurgió a la sombra de la poderosa industrialización del primer tercio del siglo XX.

Primero con los exiliados de la dictadura en 1923, que proclamaron el Estat Catalá sin éxito; y 11 años después, con la instauración de una “República catalana dentro de la República Federal española” sofocada a cañonazos.

Aquello fue el preludio de una guerra civil que trajo 40 años de silencio franquista. Los pactos autonómicos conformados a la muerte de Franco se mantuvieron intactos hasta 2004. Otra fecha que nadie olvida en Cataluña.

Entonces, los nacionalistas eran el aliado perfecto del ejecutivo español, presidido entonces por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto era así que pronunció una promesa de la que ahora dice sentirse arrepentido: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”. Sin límites legislativos ni líneas rojas infranqueables.

Dos años más tarde, los catalanes aprobaban por aplastante mayoría un nuevo texto de autogobierno donde incluyeron dos preceptos explícitos, uno relativo a la organización de un poder judicial propio, y otro sobre su reconocimiento como “nación”, algo no recogido en la Constitución.

El Partido Popular (PP), una fuerza minoritaria en Cataluña, se lanzó a degüello contra esos artículos solicitando su inmediata suspensión al Tribunal Constitucional que en 2010 derogó 14 de las 23 normas para gozo de las posiciones más centralistas de Madrid.

Fue entonces cuando miles de personas tomaron las calles demandando respeto a un Estatut de autonomía aprobado en un referéndum con todas las garantías democráticas. No lograron nada.

El tiempo de Zapatero comenzaba a languidecer, la crisis financiera daba sus primeras dentelladas, la corrupción política se generalizó y el PP preparaba una batería de recortes abrumadores.

Además, el partido catalanista gobernante, la conservadora CiU, perdió la hegemonía y hasta el nombre, ahora se llama PDeCat, enredada en negocios muy turbios, y optó por compartir el liderazgo independentista en la coalición Junts pel Si con una fuerza como ERC.

Al menos, esa maniobra les sirvió para evitar un descalabro en las elecciones de 2015 al alcanzar 61 de los 135 diputados del Parlament y ganar la presidencia con Carles Puigdemont.

Un respaldo insuficiente para imponer un referéndum soberanista, pese a sumar los votos de una formación parlamentaria emergente como la CUP, una fuerza nacida de la lucha libertaria municipal catalana, antimonárquica y anticapitalista.

Pero lo sorprendente fue que el independentismo, que hasta entonces no superaba el 15% del apoyo popular, escaló a sus máximas cuotas de euforia, el 48,9 %, según los últimos datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

La respuesta obtenida por el ejecutivo de Mariano Rajoy a sus demandas de pactar una consulta similar a la celebrada en Escocia en 2012 fue desestimada y el diálogo político dejó paso a una peligrosa escalada de enfrentamientos entre España y Cataluña que alcanzó al paroxismo en octubre con el encarcelamiento de 8 miembros de Govern.

La retórica de la lucha del bien contra el mal que rodea este conflicto territorial, difundida intencionadamente desde ambas trincheras, no contribuye a mejorar las cosas. En los últimos años, las diferencias entre ricos y pobres han crecido entre desahucios, negocios sucios y desempleo.

¿Tiene esto algo que ver en el mantenimiento de las disputas? “Sin duda. La crisis económica y la desconfianza en la clase política son el trasfondo de una situación que es difícil entender fuera del contexto europeo”, dice Joan Carbonell, 44 años, fotógrafo profesional, valenciano y catalán a partes iguales. Él es un crisol de sensibilidades mediterráneas congeladas en una mirada intensa. Reconoce que está agotado de esta historia.

Harto de que un país inexistente como Cataluña quiera brotar del polvo, pero también de que el Estado adopte la cara de la venganza.

“Es el choque de dos nacionalismos rancios, sin proyectos de vida que ofrecer a sus ciudadanos, sin agenda social. Y cuando dos nacionalismo se enfrentan, nada bueno puede ocurrir”, dice.

Su teoría sobre los males de España se basa en el desconocimiento general que existe sobre la historia del país, sobre sus episodios sangrientos.

No resta razones a los independentistas, que argumentan sentirse como el desagüe de la incompetencia financiera nacional, pero también cree que los españoles tienen motivos sobrados para la queja cuando hablan del chovinismo catalán. Y, entonces, su demoledora crítica la hace extensiva al procés catalá “nos dice a los ciudadanos que hay que lograr primero la independencia para después decidir qué país queremos”, sostiene Carbonell.

Con un PIB de 251.203 millones de dólares, Cataluña es la locomotora económica española. La salida de 1.500 empresas podría modificar las arcas fiscales de la comunidad autónoma española.

Pero ¿será suficiente para disuadirles?

“Es imprescindible un diálogo para resolver un conflicto que reclama la descentralización del Estado español”, asegura Juan Miguel Acosta, argentino de 45 años, residente en Cataluña desde hace casi dos décadas.

Vive en un piso con vista al puerto de Barcelona y ha organizado una velada que se convierte en un apasionado psicodrama sobre la idea de país que hay en España.

“La visión oficial del patriotismo no es aceptada. Muchos no perdonan que los partidos políticos tradicionales, el PP y, en menor medida, el PSOE, heredaran un régimen dictatorial sin provocar la ruptura”, señala.

 Entonces, surge una pregunta: ¿Tiene Cataluña razones para plantear su independencia? La discusión se desata. La idea general es que con el actual ejecutivo conservador es difícil llegar a acuerdos. “El rechazo catalán no es al español. Es a un gobierno que impone una forma de pertenencia, con todos sus símbolos, y que mucha gente identifica con la dictadura”, resume el argentino-catalán.

El día termina y el silencio en la calle se urde con retazos de algunos papeles arrastrados por el viento invernal. Nadie parece preocupado. Tampoco este argentino para quien el entendimiento será el signo de la victoria. Al fondo, el mar Mediterráneo aparece como el espejo perfecto para la gran Luna que brilla en la oscuridad.

Pero todas las historias tienen su epílogo y esta no es la excepción. Las consecuencias de esos aires independentistas en Cataluña son: el rechazo de la Unión Europea (UE) y de la comunidad internacional, que no reconocen a ninguna región independiente en territorio español, e incluso miran eso como una amenaza que puede repetirse en otros países.

Además,  los 10 cabecillas separatistas están detenidos y eso hizo que se movilizaran 755.000 catalanes pidiendo la  liberación de esos líderes. 

A eso se suma, el exilio en Bélgica del expresidente del gobierno, Carles Puigdemont, quien no regresará a España porque le  espera la cárcel, y el llamado a elecciones en Cataluña, el próximo 21 de diciembre. (I)  et

La dueña del Mediterráneo y de la icónica Barcelona 

→ Cataluña, la cuna del Club Barcelona, que ha ganado 23 títulos mundiales, es una comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica. Está situada en el nordeste de la península ibérica y ocupa un territorio de unos          32 000 km² .

Su capital es Barcelona, puerto y ciudad cosmopolita, que tiene una población  de 7’504.008 de habitantes, con un porcentaje de  migrantes que llega al 14,49 %.

Está organizada en comarcas, municipios y provincias.

Tiene cuatro administraciones públicas o niveles de Gobierno: la Administración General del Estado, la Generalidad de Cataluña, las diputaciones provinciales, y los ayuntamientos.

Además de autogobierno, tiene un cuerpo de policía propio, con funciones de seguridad: Mozos de Escuadra-Policía de la Generalidad. Cataluña tiene el estatuto de Autonomía, según lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución española. Este reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España.

Cataluña es industrializado y su economía es la más importante entre las comunidades autónomas de ese país.

Genera el 18,8 % del producto interno bruto (PIB) español. Por eso la llaman el motor económico de España.

 “Madrid nos roba” es un lema popular entre los independentistas catalanes, dice un artículo de la BBC, de Londres, sobre Cataluña. Los catalanes creen que esa comunidad autonómica paga más que lo que recibe del Estado español.

También tiene un gran peso en el sector turístico: 18 millones de los 75 millones de turistas que visitaron España en 2016 escogieron a Cataluña como su destino principal, lo que la convierte en la región más visitada del país, dice la BBC.

Pero esa visión contrasta con la realidad que expone el Gobierno español. Según cifras de Madrid, el gobierno catalán tiene deudas por unos $ 106.685 de dólares, lo que equivale a 35,4% del PIB de Cataluña. (I)