¿Las grandes movilizaciones de las dos últimas semanas en Brasil llegaron como rayos en un cielo azul? ¿O eran previsibles e incluso tardaron en llegar? ¿Cuál es su significado, o son sus significados? ¿Qué puede alterar en la vida política brasileña?

Los gobiernos de Lula y Dilma promueven, desde hace más de una década, un inmenso proceso de democratización social en el país más desigual del continente, más desigual del mundo. Junto con las trasformaciones dirigidas por Getulio Vargas (entre los años 1930 y 1954, con un interregno entre 1945 y 1950) son los procesos más importantes de la historia brasileña, con varios aspectos comunes.

Por eso Lula logró ser reelecto y elegir a su sucesora, que se presenta como favorita para seguir dirigiendo Brasil a lo largo de la segunda década de gobiernos posneoliberales en el país (Ver “10 anos de governos posneoliberais no Brasil - Lula y Dilma, org. Emir Sader: www.flacso.org, con acceso libre e integral, lo cual ha permitido que ya lleguen a 500 mil los downloads del libro).

De repente surgieron las manifestaciones, a partir de la resistencia al aumento de tarifas del transporte urbano, para extenderse por todo el país con una rapidez y una masividad impresionantes. Se constituyó un movimiento –llamado Movimiento del Pase Libre (MPL)– que coordinó las manifestaciones, hacia el que han convergido otras reivindicaciones, un movimiento protagonizado básicamente por estudiantes, con simpatía generalizada de la mayoría de la población.

Esta expansión fue posible porque se insertó en dos espacios respecto de los cuales el Gobierno presenta debilidades particularmente concertadas. Por una parte, la ausencia de políticas hacia la juventud, segmento que buscó, con las manifestaciones, más allá de sus reivindicaciones concretas, afirmar su existencia como segmento específico, con voz y con poder de movilización.

En segundo lugar, el monopolio privado de los medios de comunicación –en contraste con los procesos de democratización en tantas otras esferas de la sociedad brasileña– sigue siendo intocable, derrotado sistemáticamente por el voto popular, pero manteniendo su poder de influencia, especialmente las cadenas televisivas.

El movimiento logró su primera victoria, con la cancelación del aumento de las tarifas urbanasEn principio, como ocurre con todas las manifestaciones populares, la prensa privada buscó descalificarlas por la violencia que, desde su comienzo, se hizo presente al final de las manifestaciones, con actos vandálicos que, a su vez, tuvieron respuestas  más violentas de las Policías Militares –uno de los factores que favorecieron la rápida difusión y expansión de las movilizaciones–. Pero enseguida los monopolios mediáticos se dieron cuenta  de que las movilizaciones podrían desgastar al Gobierno y pasaron a actuar de forma concentrada para magnificar las manifestaciones, intentando influenciarlas, buscando imponer los lemas de la oposición sobre las manifestaciones.

La combinación de esos dos factores explican, en lo esencial –además de otros, como la dureza de las condiciones de vida urbana, que hicieron que, no por caso, el movimiento se haya iniciado en San Pablo, la ciudad más rica y con mayores desigualdades del país, que solo hace pocos meses dejó de ser dirigida por la oposición, con la elección de un alcalde del PT–, la irrupción brusca y poderosa del movimiento.

Después de vacilaciones de los gobernantes municipales, el movimiento logró su primera gran victoria, con la cancelación del aumento de las tarifas urbanas. Que es acompañada del triunfo de poner en discusión nacional la precariedad de los transportes, así como el tema crucial de su financiamiento, el rol de los sectores público y privado –uno de los temas recogidos por la presidenta Dilma Rousseff para proponer un Plan Nacional del Transporte urbano, organizado conjuntamente por el Gobierno federal, autoridades provinciales y municipales, así como por movimientos vinculados con las manifestaciones y otras fuerzas populares.

Asimismo, más allá de esos aspectos específicos, el movimiento representa el ingreso a la vida política de una nueva generación de jóvenes, con sus formas específicas de acción y sus reivindicaciones propias. Hasta aquí, a pesar del inmenso apoyo popular y del amplio proceso de respaldo de las fuerzas populares a los gobiernos de Lula y Dilma, la vida política brasileña no contaba con la participación de los sectores emergentes de la juventud. Se supone que, a partir de este momento, serán un factor nuevo y con capacidad de movilización con el que tendrán que contar el Gobierno y la política brasileños.

Pero, a la vez, las movilizaciones han tenido, desde su comienzo, un aspecto ya mencionado, que ha significado un factor de debilidad –las acciones violentas al final de las manifestaciones, con enfrentamientos con la policía y la destrucción de edificios públicos y de tiendas del comercio, de forma generalizada–. Cuando el movimiento logró su primer triunfo, su propia dirección suspendió nuevas movilizaciones, por ese elemento externo de violencia que se insertó en las concentraciones, así como por los intentos de la derecha –especialmente a través de los medios– de imponer lemas conservadores al movimiento, especialmente la hostilidad hacia los partidos políticos y hacia los movimientos sociales, que ha desembocado en agresiones a sus militantes por hordas, algunas de ellas, explícitamente identificadas con lemas y formas de acción fascistas.

A partir de la reducción de las tarifas, el movimiento afirmó que seguirá luchando por la gratuidad del transporte público, pero suspende nuevas manifestaciones, por los intentos de influir de sectores externos al movimiento. Pero los que promueven la violencia han intentado dar continuidad a las movilizaciones, ahora ya sin la masividad de las convocadas anteriores por  el MPL, donde ya priman las acciones violentas, sin las reivindicaciones originales y sin la simpatía de los otros sectores de la población.

La presidenta Dilma Rousseff, después de una intervención inicial, donde reconocía la legitimidad del movimiento y reconocía que el Gobierno estaba atento a las demandas de las movilizaciones, intervino de forma más sistemática el día 21, por cadena nacional. A la par de alabar la capacidad de movilización y las demandas del movimiento, Dilma mostró amplia receptividad hacia ellas y propuso medidas y encuentros concretos para su discusión.

Mucho ya se ha escrito sobre las movilizaciones, con apresurados intentos –sociológicos y otros– de captar sus significados, mal disfrazando sus intereses y deseos propios. Desde que se agotaron los gobiernos del PT, hasta que los partidos habían desaparecido, pasando por los intereses de fuentes europeas de que el Campeonato Mundial de Fútbol no se realizará en Brasil, los rencores en contra de Brasil y de su gobierno se acumularon, como si se tratara de un final apocalíptico de una quimera pasajera de avances –en realidad extraordinarios– de una década, que en Brasil –junto a la figura de Lula– se han proyectado como referentes mundiales.

La oposición interna, asociada a sus aliados externos, dirigida siempre por las pocas familias que controlan los principales medios privados de comunicación, buscan, desesperadamente, impedir la victoria de Dilma Rousseff en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Todo su terrorismo económico respecto de un supuesto y nunca concretado “caos energético”, así como sobre un supuesto “descontrol inflacionario” –que anda alrededor del cinco por ciento anual en condiciones, cuando la actual oposición convivió con índices de más del mil por ciento al año– están en función de las elecciones presidenciales, cuando la derecha puede cosechar su cuarta derrota consecutiva, sumada al fantasma de que Lula podría volver a candidatizarse en 2018, prolongando para más de una segunda década el posneoliberalismo en Brasil.

Movilizaciones con la amplitud de éstas, de todas maneras, representan desafíos para todos –antes de todo para el Gobierno, para el PT, para los movimientos sociales y todo el campo político de la izquierda, así como del pensamiento social–. Visiones economicistas de la izquierda tradicional tienen dificultades para comprender la juventud como categoría específica y todos los temas vinculados con ella.

El Gobierno brasileño no ha puesto en debate el tema del derecho al aborto, el de la descriminalización del consumo de drogas, tampoco avanza en la democratización de los medios de comunicación –para mencionar apenas algunos de los tantos temas que atañen más directamente a la juventud–. Arrastra así una gran fragilidad respecto de esos sectores, fenómeno para el cual fue obligado a despertar de forma brusca e inesperada y tiene una posibilidad de ponerlos en la agenda, en la disputa por la conquista de esos sectores entre la derecha y la izquierda.

Es todavía temprano para saber cómo esas movilizaciones afectarán el futuro político de Brasil –volcado, en lo esencial, hacia las presidenciales del 2014–. Los medios tratarán de manipular, como siempre, las consecuencias, con sus encuestas amañadas y su nunca disfrazado rol de partido político de una oposición debilitada.

Con candidatos sin apoyo popular buscan desgastar al Gobierno, sin esperanzas de que sus posibles candidatos puedan conquistar los sectores jóvenes. Algunos sectores de éstos podrán votar por Marina Silva y su discurso ecologista ya desgastado, pero los otros posibles candidatos de la oposición, empezando por el más importante, Aecio Neves, no tienen ninguna receptividad entre esa juventud.

El Gobierno y la izquierda, habiendo demostrado gran fragilidad e incapacidad de reacción frente a las movilizaciones, podrán ser afectados negativamente o ser capaces de renovarse y no buscar únicamente soluciones a los problemas planteados por el movimiento, sino incorporar temas que interesan directamente a los jóvenes, así como la juventud como tal, como agente político sin el cual difícilmente se pueda proyectar el futuro del país.

Lo peor que podría pasar a Brasil –un país con un contingente inmenso de jóvenes en su población– sería contar con una juventud ausente, pasiva, volcada hacia otros temas que no sean los de la política, la sociedad y el Estado.