La primera fase del mayor juicio por corrupción de la historia de España destapa nuevas sorpresas cada día. El principal acusado, el empresario Francisco Correa, confesó ayer ante el juez que las tres principales constructoras del país –OHC, ACS y Dragados- financiaron al gobernante Partido Popular (PP) a cambio de recibir las más importantes y costosas obras públicas acometidas por los ejecutivos presididos entonces por José María Aznar entre los años 1999 y 2004.

Todo un torpedo en la línea ideológica de flotación ya no solo del partido que trata ahora de restañar las profundas heridas que le ha provocado la corrupción para formar un nuevo gobierno, sino de un sistema que se definía a sí mismo como “el mejor de los conocidos” pero que, de confirmarse las acusaciones de Correa, deberán demostrar que su comportamiento no vulneró cualquier principio que rige un país democrático.

El principal acusado comenzó de esta demoledora manera a cerrar el círculo de la corrupción en torno al PP que abrió en su primera declaración cuando reveló que el partido de Mariano Rajoy se quedaba “con una parte del 2% y el 3% que debían pagar aquellos que aspiraban a recibir grandes contratos de la Administración” durante los primeros años de la expansión inmobiliaria.

Según su relato, una parte se la quedaba él y otra se la llevaba Luis Bárcenas, gerente entonces del PP liderado primero por Aznar y luego por Rajoy.

Haciendo uso de una memoria prodigiosa, Correa se despachó ayer a gusto, hasta concluir asegurando que durante aquella época pasó más tiempo dentro de la sede del partido conservador arreglando negocios que en su propia oficina. La bomba la detonó al final al añadir que el destino de ese dinero no era “solo al menos, el bolsillo de Bárcenas, sino la propia Génova”, sede central del Partido Popular.  

Tras este cúmulo de revelaciones, dos de las tres multinacionales de la construcción involucradas ayer en la trama de la Gürtel –la tercera, Dragados, fue absorbida por ACS en 2003- anunciaron sin dilación que demandarán al imputado. Primero fue la empresa ACS cuyo propietario es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la que emitió un comunicado donde da cuenta de la gravedad de las acusaciones recibidas y anuncia la puesta en marcha de su maquinaria jurídica para “interponer la correspondiente querella criminal contra Francisco Correa con carácter inmediato”, señala ACS. Otra de las poderosas firmas situadas bajo sospecha, OHL, también informó que “se querellará por calumnia, ya que no ha pagado comisiones ilegales ni ha tenido relación alguna con el señor Francisco Correa”.

Según el acusado, las cuantiosas adjudicaciones amañadas a las tres constructoras tenían como remitente los ministerios de Medio Ambiente y de Obras Públicas, bajo la presidencia del Gobierno de José María Aznar, que a cambio recibían cuantiosas cantidades de dinero que entregaban al Partido Popular.

Este relato sobre el comportamiento de la red de corrupción ahora juzgada coincide con las conclusiones del último juez de instrucción del sumario, Pablo Ruz.

Según sus indicios, todos los empresarios que figuran en los papeles de Bárcenas, más de un centenar, entregaron dinero al PP. Sin embargo, una veintena de ellos salieron indemnes del proceso porque en ese momento no figuraba el delito de financiación irregular de los partidos políticos en el código penal español. (I)