Uruguay iniciará 2015 con una nueva Ley de Medios uniéndose a otros países de la región, como Ecuador y Argentina, que ya cuentan con una legislación similar. Con 50 votos a favor de 75 diputados presentes la Cámara de Diputados sancionó ayer de forma definitiva el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), aprobado el 16 de diciembre en el Senado, que pretende evitar los monopolios y oligopolios en el sector.

La iniciativa que ahora pasa al poder Ejecutivo levantó polémica en Uruguay, luego de que el presidente José ‘Pepe’ Mujica, asegurara que el proyecto apunta a evitar que la radio y la televisión vayan a parar a manos de grupos extranjeros y que apoya la ley porque no quiere que “Clarín o Globo sean dueños de las comunicaciones” en Uruguay. “Con estos (empresarios del medio local) me peleo, pero somos pocos y nos conocemos, es entre casa”, declaró el mandatario.

El presidente electo Tabaré Vázquez ya anunció su propósito de reglamentarla apenas comience su administración el 1 de marzo de 2015.

El proyecto de ley cuenta con 186 artículos que establecen que los medios deberán promover la diversidad cultural y la identidad nacional. Además, regula -al igual que la ley argentina- los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, pero deja fuera internet y las redes sociales.

“La regulación de internet ha quedado expresamente fuera del alcance de esta ley”, aclaró, porque “hoy no estamos en condiciones de avanzar por allí porque continuamente está cambiando”, dijo un miembro de la bancada oficialista. (LEA EL DOCUMENTO AQUÍ)

Según el artículo 106 del proyecto, las personas jurídicas aspirantes a titular de un servicio de comunicación audiovisual deberán cumplir, como mínimo, requisitos como “no ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria”.

Mientras que el artículo 51 concreta que “es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual, así como establecer mecanismos para su control.

El proyecto padeció sucesivos cambios tras las críticas recibidas por parte de la oposición, de distintos sectores sociales y empresariales. El oficialismo presentó el 15 de diciembre un proyecto con modificaciones, un día previo al debate en el Senado. La oposición seguía cuestionando la iniciativa porque aduce que abre la puerta al control político de los medios.

Tanto el Partido Nacional (PN) como el Partido Independiente (PI) sostienen que hay aspectos inconstitucionales en la Ley de Medios. El PI incluso amenazó con que, si no se excluye el capítulo sobre publicidad electoral gratuita, iniciará una acción de inconstitucionalidad.

“Se viola el derecho a la libertad de expresión del pensamiento”, dijo el senador Sergio Abreu, del Partido Nacional, y ejemplificó con los artículos que obligan a los medios a emitir determinado porcentaje de programación nacional.

El Frente superó las diferencias y al interior de la agrupación todos se encolumnaron a favor del proyecto y fue aprobado en el Senado por 16 votos a favor y 9 en contra. “Esta ley es un debe que el sistema republicano le debía a la democracia”, dijo el senador socialista Daniel Martínez.

Protección no es censura

En julio de este año, cuando el proyecto de ley se discutía todavía en una comisión del Senado, el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, visitó Uruguay, defendió la Ley de Medios, y en especial habló sobre las críticas del Partido Nacional hacia la regulación del horario de protección del menor. “Yo sí creo que regular el manejo de algunos temas, como la protección de la niñez, no es injerencia del Estado, es una obligación del Estado”, en respuesta a las críticas del senador Francisco Gallinal.

La Rue agregó que en todo el mundo ya se ha aceptado un control, especialmente en la clasificación de películas en el cine y el horario de protección al menor. Aclaró que aún existe debate respecto a la publicidad orientada a los niños.

La Coalición por una Comunicación Democrática también destacó las virtudes de la ley porque “promueve y defiende la libertad de expresión, no solo de los dueños de los medios sino del resto de las ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, periodistas y trabajadores”.

“La ley democratiza el acceso a la cultura, el entretenimiento y los eventos de interés general. Por ejemplo, en el caso del fútbol se establece la obligatoriedad de la emisión en televisión abierta y gratuita”, agregan.

Propietarios en contra

La Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a los propietarios de grandes diarios de América, critica el proyecto de ley y considera que impone “limitaciones” a la libertad de expresión. La Asociación de Broadcasters Uruguayos (Andebu), que nuclea a propietarios de radios y televisoras, también rechaza la ley señalando que “es producto de los regímenes totalitarios”.

La televisión en Uruguay está sumamente concentrada, se encuentra en manos de 3 grupos económicos, dueños de los canales 4, 10 y 12. Entre esas televisoras acumulan el 85% de la audiencia. Las ganancias ascienden a $ 195 millones anuales, destaca el diario La República.

ANTECEDENTES

El gobierno de José Mujica presentó el martes 21 de mayo de 2013 el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso, con la intención de que el texto sea aprobado antes de que termine su mandato.  

Con este proyecto, Mujica siguió los pasos de su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien impulsó una ley de medios que imponía un máximo de canales de televisión, emisoras de radio y periódicos para las empresas y regulaba los contenidos.

El electo presidente Tabaré Vázquez, durante su campaña electoral, aseguró que una ley de medios “largamente esperada” es “impostergable” en Uruguay.

El Grupo Clarín, a través de la adquisición de pequeñas empresas en Uruguay, ofrece el servicio de la televisión por cable para más de 100 mil abonados en el país, a través de su empresa Cablevisión. El grupo mediático argentino se constituye como un actor importante dentro del mercado audiovisual uruguayo, según medios locales.