Con un desempleo del orden 22% (y del 48% entre menores de 30 años), esta es una prioridad clara (reforma laboral).

Pero las medidas acordadas recientemente son poco prometedoras: se reducen las indemnizaciones por despido y no se unifican los tipos de contratos laborales (con lo que seguirá habiendo una dualidad entre sectores más protegidos y sectores   precarios). Además,  se reducen   los procedimientos para los  despidos colectivos, y no se introducen medidas de inversión o de promoción orientadas a generar empleo.

La reforma laboral ha tomado estos tonos, con divisiones internas en el gobierno, entre el ministro de Economía (De Guindos, muy sensible a las peticiones del sector industrial) y el de Hacienda, Montoro (más partidario de mantener una cierta intervención de las administraciones en la gestión de las relaciones industriales).

Todo el mundo reconoce que estas medidas representan, solamente, hacer más barato el despido de trabajadores; mientras que  portavoces oficiales del gobierno y de la industria ya han anunciado que, a corto plazo, la consecuencia principal será un aumento del desempleo.

Tras ello, ha surgido una reacción sindical de protesta, pero todavía es una protesta limitada: el recurso a una huelga general, por el momento, se aplaza.

Sin embargo, este paquete de reformas  está a la espera de las  muy  importantes elecciones regionales en Andalucía de finales de marzo.

Se cree que el gobierno está reservando las medidas más duras y más antipopulares para después de esos comicios, para  no perjudicar sus perspectivas electorales, pues por primera vez desde 1982, el PP podría ganar en Andalucía, arrebatándole  al PSOE su joya más preciada. DAE