Luz Marina Carmona es una campesina colombiana de rostro afable, sereno, pero sus ojos se llenan de lágrimas cuando habla de sus hijos y de la tragedia que marcó sus vidas hace trece años.

Carmona perdió a su hijo mayor en una masacre el 10 de octubre de 2001. Unos 40 paramilitares entraron ese día en su pueblo, un pequeño caserío llamado Alaska, en el municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste colombiano.

Los hombres armados conminaron con urgencia a los habitantes a una reunión en el centro del pueblo, cuenta Carmona a la agencia de noticias DPA. Luego separaron a las mujeres y los niños. A los hombres los ejecutaron a tiros. Su hijo John Fredy, de 18 años, estaba entre las 24 víctimas. Su segundo hijo, Francisco Javier, entonces de 14 años, se salvó solo porque en ese momento estaba en otro pueblo. “Él tiene el trauma. Dice que al que tenían que haber matado es a él”, comentó Carmona.

Buga está al pie de la cordillera y era considerada entonces ‘zona roja’, enclavada entre frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares y el Ejército.

Carmona es una de más de 6,6 millones de personas que tiene registradas el Gobierno colombiano como afectadas por el conflicto armado. La violencia ha enfrentado durante más de 5 décadas a guerrillas de izquierda, grupos paramilitares ya desmovilizados y las fuerzas del Estado.

El gobierno de Juan Manuel Santos apuesta ahora por poner fin al conflicto. Desde noviembre de 2012 negocia en Cuba, con las FARC, el mayor grupo insurgente, y quiere abrir en breve un proceso de paz también con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las delegaciones de paz retomaron este martes las negociaciones en La Habana, que se centrarán en la situación de las víctimas, el cuarto de cinco puntos pactados en la agenda y uno de los más sensibles.

Este sábado debe presentarse en Cuba un grupo de 12 víctimas para hablar de sus experiencias ante la mesa de diálogo. El Gobierno y las FARC han acordado recibir hasta 60 personas en audiencias similares en los próximos meses para intentar impulsar la reconciliación.

Tanto la guerrilla como el Gobierno reconocieron el año pasado tener una cuota de responsabilidad en las víctimas. Ambos bandos se acusan mutuamente por la violencia armada, que ha dejado 220.000 muertos y 5 millones de desplazados en 50 años, según cifras oficiales.

Víctimas como María Zanabria no creen en una reconciliación con los militares. “El Estado no quiere saber nada de nosotros”, aseguró a la agencia DPA en Bogotá. Zanabria, de 54 años, es una de las llamadas ‘Madres de Soacha’, conocidas por un escándalo que implica a militares en la muerte de civiles.

Al menos 14 jóvenes de Soacha, un suburbio de Bogotá, fueron secuestrados y asesinados en 2008 para ser presentados luego como guerrilleros muertos en combate. Cientos de casos similares al de los llamados ‘falsos positivos’ están en manos de la justicia.

“Mientras no haya transparencia en eso, mientras las partes no se pongan la mano en el corazón y no hablen con la verdad, el proceso no se va a resolver tan sencillamente”, expresó a BBC Mundo Rafael Mora, quien no ve a su hijo Juan Camilo desde hace más de 8 años, luego de que fuera secuestrado por las FARC en enero de 2006.

Pese a todo, el diálogo con las FARC es visto como la oportunidad de las últimas décadas para acabar con el conflicto, mientras las negociaciones se mantienen en La Habana. En este marco, la guerrilla de las FARC propuso ayer al Gobierno colombiano crear un ‘fondo especial’ para la reparación de las víctimas del conflicto.

“La creación de un fondo especial para la reparación integral, con participación de las organizaciones nacionales de víctimas, se constituye en imperativo”, dijo la guerrilla en un comunicado leído por el comandante Pablo Catatumbo, uno de sus delegados en las negociaciones de paz de La Habana.

Hasta ayer el Gobierno no se pronunciaba al respecto.