La Habana.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) divulgaron ayer en Cuba 11 propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política en el país suramericano.

Previo al inicio de otra jornada de los diálogos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, el miembro de la delegación guerrillera Ricardo Téllez aludió al tema con la lectura de un comunicado desde el capitalino Palacio de Convenciones, sede permanente de las pláticas.

De acuerdo con el documento, propusieron que esa reestructuración, orientada hacia la mayor participación ciudadana, social y popular, se acompañe del diseño de un cuarto poder, el Poder Popular.

Tal poder, agregó la guerrilla, participará activamente, con capacidad decisoria y de incidencia real y material en los diferentes asuntos públicos, y cumplirá funciones de veeduría y control sobre las diferentes actuaciones del Estado.

Las FARC abogaron por la creación del Consejo Nacional de la Participación Política y Social, conformado  por representantes de los partidos políticos y los movimientos sociales. Hicieron referencia, además, a medidas para garantizar la participación y el control ciudadanos a través del Poder Popular en la tramitación de asuntos públicos que actualmente son de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo.

Entre otros temas, figuraron el rediseño de los mecanismos de participación ciudadana; participación ciudadana y reforma a los procesos de descentralización, rediseño del orden jurídico-económico, y reconversión de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Mencionaron otros tópicos como la reforma a la justicia, la elección popular de los representantes de los organismos de control y de otras instituciones públicas.

Según el equipo de la insurgencia, el proceso de reestructuración democrática del Estado debe producir “los arreglos institucionales a que hubiere lugar a fin de garantizar la construcción efectiva, real y material, de un Estado social, democrático y participativo de Derecho”.

Estos nuevos diseños institucionales deben sentar las bases para erradicar las actuales estructuras clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, y propiciar el fortalecimiento de la institucionalidad pública y estatal, añadió.

La agenda de las conversaciones incluye, además de la cuestión agraria (ya debatida) y la participación política (en discusión), la atención a las víctimas, el problema del narcotráfico y el fin del conflicto armado.

NUEVOS VOCEROS PARA EL DIÁLOGO CAMPESINO

El Gobierno colombiano designó nuevos voceros para un eventual diálogo con los campesinos del Catatumbo, que desde hace 23 días permanecen en huelga en esa norteña región.

Los agricultores rehusaron el martes viajar a Bogotá ante la ausencia del presidente Juan Manuel Santos en una reunión en la que esperaban llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto. “El presidente no tuvo el tiempo ni la disponibilidad de atendernos. Por ello consideramos que reunirnos de nuevo con los ministros en Bogotá, sin metodología, sin un cronograma y sin moderador, no tiene ningún sentido”, señalaron los agricultores en un comunicado.

El Gobierno designó al viceministro de Trabajo, José Noé Ríos, y al director del Programa de Paz del Magdalena Medio, Ubencel Duque, como voceros en la mesa de negociación con los campesinos, quienes protestan por más de 70 años de abandono estatal.

En este nuevo acercamiento,  los manifestantes estarán representados por seis líderes del gremio, entre ellos César Jerez, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, informó que desde ayer se comenzaría a acordar la metodología, fecha y lugar de las negociaciones.

Los más de 16 mil manifestantes han ratificado que seguirán en pie de lucha hasta lograr acuerdos definitivos. Entre sus peticiones exigen la definición de una Zona de Reserva, la sustitución gradual de los cultivos ilícitos mediante proyectos sostenibles, subsidios para mitigar la crisis alimentaria y acceso a la salud.

Las protestas en Catatumbo comenzaron el 11 de junio de manera pacífica y han sido reprimidas por la fuerza pública, que en dos ocasiones abrió fuego con un saldo de cuatro civiles muertos, más de 30 heridos y varios detenidos. (PL)