Como un gesto que aumenta la confianza entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue recibido en el país el gesto unilateral del presidente Juan Manuel Santos de indultar a 30 guerrilleros detenidos por el delito de rebelión.

La medida fue defendida por el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo Rueda. En el foro ‘Desafíos Institucionales del proceso de paz’, el secretario señaló a EL TELÉGRAFO que la ley de orden público faculta al Gobierno la posibilidad de conceder indulto por delitos políticos. “Lo que ha hecho el Gobierno es aplicar la ley que ha tenido desde hace tiempo por delegación del Congreso”.

Pardo recalcó que esa facultad le permite al Ejecutivo aplicar esa figura para quienes no hayan cometido delitos conexos, según una sentencia de la Corte Constitucional de 1995.

El Gobierno aclaró que dentro de los 30 miembros de las FARC que gozarán de esta medida no hay personas recluidas por delitos graves.

Asimismo, se diseñará un programa para que este grupo de las FARC reciba asistencia, con el fin de garantizarles apoyo psicológico, acompañamiento para su estabilización familiar, comunitaria y social, acceso a la educación y posibilitar su formación para el trabajo.

Pablo Catatumbo, delegado de las FARC en el proceso de paz, calificó como positivo el anuncio del Gobierno. “Sin duda es un gesto humanitario, de sensatez, que puede ser el comienzo del reconocimiento de las justas reivindicaciones enarboladas por los prisioneros políticos a lo largo de muchos años y una medida de desescalamiento del conflicto”.

Sin embargo, el jefe guerrillero insistió en la necesidad de liberar como gesto humanitario a los 80 encarcelados de la guerrilla en grave estado de salud.

Al respecto, la oficina del Comisionado para la Paz anunció que el Gobierno coordinará con las entidades competentes unas brigadas con el fin de examinar las condiciones de salud de 106 miembros de las FARC todavía recluidos en las penitenciarías del país.

En este sentido, los congresistas Iván Cepeda Castro, Alberto Castilla y Alirio Uribe Muñoz comenzarán visitas a las cárceles para evaluar la condición de los guerrilleros enfermos. Asimismo, la intención es realizar una visita de carácter humanitario con el fin de valorar la situación de los presos políticos que desde el pasado 9 de noviembre se hallan en una jornada de protesta.

Hay 1.500 presos políticos por desobediencia civil en 18 cárceles en el país, de los cuales 850 se encuentran en huelga de hambre. (I)