El lodo tóxico que devastó a un poblado rural del estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, abrió la discusión sobre la megaminería en Brasil, sobre todo por el cabildeo entre las gigantes nacionales y extranjeras para flexibilizar el marco jurídico del país.

El pasado 5 de octubre dos diques de las minas de hierro a cielo abierto de la firma Samarco (propiedad de la brasileña Vale y de la anglo australiana BHP Billiton) se rompieron y permitieron que un tsunami de lodo sepultara con sustancias derivadas del mineral de hierro el distrito de Bento Rodríguez, en el municipio de Mariana.

Minas Gerais es desde el siglo XVI el principal botín del lucro minero: primero fueron los portugueses que extrajeron el oro de la región para enviarlo a Lisboa y el Vaticano, pero luego de que las piedras preciosas se agotaron, la explotación la domina el mineral de hierro, del cual la brasileña Vale es el primer productor y el primer exportador mundial.

Vale, una empresa insignia de la industrialización brasileña, fue privatizada en la década del 90 por el presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que con la estatal Petrobras, era la principal firma del gigante sudamericano.

DATOS

La ruptura de 2 diques con residuos mineros que causaron un torrente de lodo tóxico que arrasó el pueblo de Bento Rodríguez, ocurrió en un centro de producción de mineral de hierro de la empresa Samarco Mineração, que es propiedad, en partes iguales, de la compañía minera brasileña Vale y de BHP Billiton.  

Eliene Almeida, profesora a cargo de la escuela municipal brasileña de Bento Rodríguez, que quedó sumergida tras el colapso del embalse minero que destruyó el pueblo, salvó a sus 58 estudiantes por el aviso de su marido. Buscaron refugio en terrenos altos. (I)La pequeña población, vecina a los diques de la firma Samarco, quedó bajo el lodo. “Estamos sobre arena movediza y por eso no sabemos cuándo los evacuados retornarán”, dijo un portavoz de Defensa Civil de la ciudad de Mariana consultado por EL TELÉGRAFO.

Samarco informó que los 2 diques cumplían las normas de seguridad y en un primer momento la prensa intentó vincular la tragedia a sismos en la región, una de las más altas de Brasil. El gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, del Partido de los Trabajadores (PT), dijo que hay 28 desaparecidos, entre ellos 13 empleados que trabajaban cerca de los diques. “Es el mayor desastre ambiental de la historia de Minas Gerais”, declaró.

Desde el gobierno federal, la Agencia Nacional de Aguas recomendó que no se use agua del río Doce para abastecer a la población hasta determinar si existen minerales contaminantes en el principal distribuidor de la región. Se suspendieron por tiempo indeterminado las captaciones de agua en ese curso, uno de los principales del sudeste de Brasil.

Minas Gerais es el estado natal de la presidenta Dilma Rousseff, quien envío a los militares y entregó ayuda financiera a los afectados. También es el estado donde fue el hombre fuerte hasta 2014 uno de los jefes de la oposición, Aécio Neves, candidato presidencial derrotado el año pasado.

Varias ciudades están en estado de alerta a raíz del accidente ya que el lodo avanzó en un radio de más de 100 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Brasil, del Ministerio de Minas y Energía.

Los movimientos sociales rápidamente reaccionaron. “La tragedia una vez más nos alerta sobre el impacto social y ambiental constante de la minería. Este desastre nos hace un llamado urgente para un debate sobre la minería a gran escala. La política de las empresas mineras hacia los trabajadores y comunidades es la más perversa”, indica un comunicado de los afectados por los diques de la empresa Vale.

“Lo que sucedió fue un crimen, ya que los organismos reguladores y las empresas tienen la responsabilidad completa. En la actualidad, cuando está en juego la aprobación en el Congreso de un nuevo código minero, que permitirá un avance de la actividad en el país, hay que considerar las posibilidades reales de crecimiento en escala y un escenario de muertes, falta de respeto a los derechos, apropiación ilegal de tierras y contaminación de fuentes de agua”, agrega la organización social.

El estado de Minas Gerais ha debilitado la legislación ambiental. Los diques construidos en 1977 por la dictadura militar para la explotación mineral y ahora está en manos del mercado privado como Vale y la gigante extranjera BHP Billiton. “Por lo menos debería haber un botón de pánico, una sirena”, se quejó el alcalde de Mariana, Duarte Junior.

El nuevo código minero tiene a Minas Gerais como el estado central en estas decisiones. Según la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais (Fiemg), la minería brasileña se encuentra entre las seis mayores del mundo, comercializa para más de 50 países y colaboró con $ 252.000 millones que ingresaron al país en la última década. (I)