En la Cumbre de la Unión Europea (UE) realizada  el 30 de enero se acordó un Tratado sobre la Estabilidad, Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria que por insistencia de Alemania, como señala el diario británico The Guardian, convierte a la Comisión Europea (CE) en organismo “escrutador” de los presupuestos estatales que de ahora en adelante confeccionarán los países miembros de la UE, y a la Corte de Justicia Europea (CJE) en la institución que aplicará “el rigor fiscal” en la zona euro (ZE).

Para decirlo más claramente, este Tratado (que no forma parte de los Tratados de la UE para evitar el proceso de ratificación y permitir que entre en vigor con únicamente el apoyo de 12 de los 27 países de la UE) convierte a la CE en la instancia supranacional que decidirá, en lugar de los parlamentos, la política del gasto estatal, y a la CJE en la “policía fiscal supranacional” que, retomando la cobertura del diario británico, “puede aplicar de manera casi automática” multas a los Estados que de manera persistente no cumplan con las nuevas reglas que ilegalizan los déficits fiscales. Y el Tratado hace obligatorio para los 17 países de la ZE, y aquellos que serán aceptados en el futuro, la adopción de legislaciones de cumplimiento obligatorio o enmiendas constitucionales para “abolir el derecho de los gobiernos a incurrir en excesivos niveles de deuda nacional”.

La canciller alemana Angela Merkel dijo que “este freno a la deuda será de cumplimiento obligatorio y válido por la eternidad. Nunca (los gobiernos) podrán cambiarlo mediante una mayoría parlamentaria”. O sea, para decirlo en términos más crudos, la democracia parlamentaria nunca podrá liberarse de esta camisola de fuerza impuesta por los “sagrados” intereses de la plutocracia financiera y sus aliados.

En suma, la UE institucionalizó para la zona euro un engendro equivalente al Consenso de Washington (1989), que con sus diez mandamientos  sirvió para que el Banco Mundial, el FMI y demás instituciones controladas por Estados Unidos (EE.UU.) impusieran en América Latina durante la década del 90 las políticas de gobierno destinadas a destruir lo que quedaba en pie del “Estado benefactor” y hacer germinar los “mercados autorregulados”, o sea el neoliberalismo: políticas de austeridad, de déficit cero, de libre comercio, de inversiones extranjeras protegidas, de privatización de los servicios públicos, la “movilidad” laboral para destruir los sindicatos y aplicar bajas salariales, entre otras cosas más que provocaron desastrosas y durables consecuencias socioeconómicas para los pueblos latinoamericanos.

Tal política será ahora aplicada de manera total en Grecia y demás países de la zona euro que cargan con el fardo de una deuda pública producto, en buena medida, de la “socialización” de las pérdidas de los bancos privados europeos, que dicho sea de paso han sido y seguirán siendo salvados de la insolvencia por el Banco Central Europeo para que recuperen la posición dominante en el sector financiero.

La deriva autoritaria del gobierno de la señora Merkel quedó en evidencia en los días que precedieron a la Cumbre de Bruselas, cuando funcionarios alemanes filtraron a la prensa que Alemania exigía que “Grecia cediera su poder en materia de presupuestos a la UE”. La propuesta de enviar un “comisario” de la UE para elaborar el presupuesto del gobierno de Atenas causó revuelos en Grecia, Italia y otros países endeudados que, a cambio de una “ayuda” que salvará a los bancos acreedores, deben aplicar los brutales programas de ajustes estructurales y la política de “cero déficit” presupuestario.

Hay analistas, como el estratega de inversiones Marshall Auerback, que en esta amenaza de la canciller Merkel y la Troika (la CE, el Banco Central Europeo y el FMI), de que “la austeridad fiscal será aplicada en nuestros términos”, ven una señal a los otros países endeudados, como Portugal, España, Irlanda e Italia: “Traten ustedes de renegociar (la deuda) como están haciendo los griegos y los pondremos bajo nuestro control. La otra alternativa es que se vayan de la zona euro”.

Actualmente el discurso oficial de los gobiernos, instituciones y la plutocracia financiera que propulsan el neoliberalismo ataca cualquier forma de intervencionismo económico, como las políticas de planificación económica y los estímulos para aumentar la demanda agregada y generar empleos, aduciendo que los mercados autorregulados excluyen la intervención estatal, en realidad - y como señalaba el economista húngaro Karl Polanyi, en la obra La Gran Transformación, un libro muy bien documentado sobre la historia del liberalismo económico, el “laissez-faire” o los “mercados autorregulados”-  “este liberalismo económico exige regularmente la intervención estatal y la acción coercitiva del Estado”. Pero no para beneficio de la economía, del empleo, sino de los intereses capitalistas que están en posición dominante.

Las sucesivas decisiones de la Cumbre de la UE, y lo mismo podría decirse de las tomadas por los gobiernos de Washington y Londres desde que se disparó la crisis en el 2008 y hasta el momento, son pruebas irrefutables de que los supuestos mercados autorregulados existen y prosperan en detrimento de la población en general gracias a una intervención cada vez más coercitiva de los Estados. Como escribe Polanyi (página 200 de la obra citada), el Estado interviene para establecer (el liberalismo económico) y, una vez establecido, para mantenerlo.

Pero, ¿cuáles son los peligros de este intervencionismo antipopular y autoritario del Estado para mantener el neoliberalismo? Recapitulando sobre el nacimiento y la expansión del fascismo como consecuencia de la  crisis monetaria, financiera y económica de los años 30, Polanyi apunta que “la obstinación con la cual, durante diez críticos años los defensores del liberalismo económico habían sostenido el intervencionismo autoritario al servicio de las políticas deflacionistas tuvieron como consecuencia pura y simple el debilitamiento decisivo de las fuerzas democráticas (los partidos socialdemócratas y socialistas, los sindicatos) que habrían podido desviar la catástrofe fascista. Gran Bretaña y Estados Unidos, que no eran los sirvientes sino los patrones de la moneda, abandonaron el patrón oro lo bastante rápido como para escapar a este peligro (página 302), y agrega más adelante (página 305) que si “jamás un movimiento político respondió a las necesidades de una situación objetiva, en lugar de ser la consecuencia de causas fortuitas, ese fue bien el fascismo”. El fascismo, continúa Polanyi, proponía una manera de escapar a la situación institucional sin salida que era, en lo esencial, la misma en un gran número de países, y por lo tanto el ensayo de este remedio sirvió para propagar por doquier una enfermedad mortal.

Así mueren las civilizaciones. Podemos describir la solución fascista al impasse en el cual se había metido el capitalismo liberal como una reforma de la economía de mercado realizada a cambio de la extirpación de todas la  instituciones democráticas, a la vez en el terreno de las relaciones industriales y en el campo político. No es casual que hoy día, en una situación de grave crisis y con el desempleo alcanzando niveles inaceptables en la UE, particularmente entre los jóvenes, que la extrema derecha neofascista haya llegado o forme parte de los gobiernos de varios países europeos. Una extrema derecha  antidemocrática que retoma las banderas del nacionalismo primario y excluyente, que no abandonó su esencia xenofóbica ni el uso de la lucha de clases para amedrentar a las fuerzas realmente progresistas, y que, como en su origen Mussolini y los nazis alemanes, tienen un demagógico discurso “anticapitalista” para atraer el voto de los trabajadores afectados por las bajas salariales o el despido, de la pequeña burguesía aplastada por los monopolios comerciales, industriales y financieros, de las clases medias empobrecidas y carentes de perspectivas.