Las delegaciones de los 28 países que componen la Unión Europea (UE) llegaron ayer a Bruselas con litros de café cargado en sus maletas. Por delante les aguardan intensas horas de debate para consensuar la propuesta que hoy negociarán con Turquía sobre la dramática situación de miles de refugiados contenidos en improvisados campos a la intemperie en Grecia y Centroeuropa.

Las previsiones no son prometedoras. El documento base que la Comisión europea puso ayer sobre la mesa plantea la expulsión de todo migrante, sea refugiado o no, y su entrega inmediata a Turquía para su protección. A cambio, la UE abonaría más de 3.000 millones de euros al gobierno de Ankara para que acometa su reubicación con todas las garantías humanitarias.

“Este problema no va a desaparecer a menos que se encuentre un acuerdo con Turquía. No veo otro enfoque que nos pueda llevar a una situación humanitaria aceptable”. Con esta frase llena de resignación abrió la sesión el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que llegó a la sala dispuesto a solventar la peor crisis de la UE en su corta historia y el mayor problema humanitario desde la II Guerra Mundial. Tal es así que las posturas que presentaron los 28 jefes de Estado son tan divergentes como la luna y el sol.

La única novedad estuvo en que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó un plan ligeramente retocado respecto al texto original redactado por la Comisión tras incluir las propuestas que esta semana negociaron la canciller alemana, Ángela Merkel, y el primer ministro turco, Ahmed Davutoglu.

El cambio más llamativo es que evita citar las “devoluciones masivas” que prohíbe la legislación europea e internacional y carga sobre las espaldas de los griegos la responsabilidad de evaluar una a una las solicitudes de asilo que se presenten.

Además, la nueva propuesta exige a Turquía, un país que no es firmante de la Convención de Ginebra, que garantice a los refugiados sirios que no serán expulsados del país de forma arbitraria y que gozarán de una vida digna en su territorio.

Grecia deberá modificar su legislación a toda velocidad para reconocer a Turquía como “país tercero seguro”, un requisito imprescindible para deportar a los migrantes a territorio turco. Sobre el modo en que la UE pretende expulsar a los refugiados que no acrediten su condición nada se ha dicho, pero para un país al borde de la bancarrota como Grecia se trata de un desafío logístico sin precedentes.

Una vez que este operativo se ponga en marcha, la UE asentará un sirio por cada refugiado de esta nacionalidad que Ankara readmita desde las islas griegas. Un rodeo que intenta desactivar el uso de canales irregulares para alcanzar Europa, atacar el negocio de las mafias y reducir la presión migratoria.

Pero la solidaridad europea también fija un límite: 72.000. Este el número de refugiados que estaría dispuesta a acoger desde Turquía a través de un programa denominado “temporal y voluntario”. Unas 18.000 plazas están incluidas dentro de las 22.500 ya acordadas el pasado julio y otras 54.000 se crearán transformando plazas de reubicación en lugar de reasentamiento. Un complejo juego de recursos jurídicos que la UE ha puesto en marcha para lograr el respaldo del Tribunal de Justicia, que ayer validó los planes de reenviar refugiados desde Grecia a Turquía.

Ante el contenido de este texto, defendido por Alemania con uñas y dientes, surgen dos posiciones antagónicas encabezadas por Francia y Hungría. El presidente francés, François Hollande, no se fía de Turquía porque, en su opinión, presenta una nefasta hoja de servicios en materia de derechos humanos. Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue mucho más explícito al repetir que cualquier fórmula es válida para él, siempre y cuando se suprima la opción de la reubicación de refugiados porque la vetará. La nota anecdótica la escribió España, cuyo presidente en funciones, el conservador Mariano Rajoy, fue obligado por el Parlamento a defender ante la Comisión una postura opuesta a la que justificaba hace unos meses. El Mandatario afirmó que la expulsión de refugiados “es una forma legal de traslado a lugares seguros de las personas que solicitan asilo a la UE”. Ayer no le quedó más remedio que rectificar y decir que la propuesta presentada es “inaceptable”. (I) 

Los desplazados esperan por su reubicación

“Si la ruta de los Balcanes reabriera”, Adel, un estudiante sirio de 20 años, se iría sin perder un minuto a Alemania. Mientras tanto está a la espera de una reubicación en alguna parte de la Unión Europea. Es un plan que suscita cada vez más interés dentro de este grupo.    

A su llegada a Grecia, hace un mes, su objetivo era claro: reunirse en Alemania con su mejor amigo. Pero tras 10 días “insoportables” en Idomeni, frente a la frontera cerrada con Macedonia, Adel se dejó convencer por un agente de la Oficina Europea de Apoyo para el Asilo.

Ahora Adel y 100 sirios e iraquíes que pueden optar al asilo están instalados en Livanates, una vetusta ciudad turística a 150 km al norte de Atenas. Felices de tener techo y comida, todos tienen las mismas dudas sobre a qué país serán enviados y cuándo. El tiempo parece suspendido en el hotel familiar “Edelweiss” que los alberga, en el marco de un programa de alquiler de 20.000 plazas para los refugiados gestionado por el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) de la ONU en Grecia.

La ciudad tiene pocos habitantes y ninguna distracción, salvo el mar. Llueve. Solo los juegos y los gritos de los 40 niños que se encuentran en el lugar ofrecen un poco de animación.

Tras huir de Alepo para escapar “a la guerra y al extremismo” pasó 18 meses en Turquía. “No había ningún futuro, solo la seguridad. Poco importa dónde llegue al final, mientras pueda ir hacia delante”, asegura. (I)