Dos años después del escándalo de los papeles de Panamá, que puso de relieve la magnitud de las actividades en los paraísos fiscales, la Unión Europea (UE) está mejor preparada para enfrentar el fraude y la evasión tras adoptar numerosas normas nuevas.

El 3 de abril de 2016 salió a la luz la investigación periodística fruto de la filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameño Mossack-Fonseca, que probaban la existencia de 214.000 compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos y figuras públicas.

El interés, indignación y presión pública que despertó se mantienen al calor de nuevos escándalos como los papeles de paraíso y con los recientes asesinatos de dos periodistas que investigaban casos de corrupción, la maltesa Daphne Caruana Galizia y el eslovaco Jan Kuciak. En tanto, Mossack-Fonseca cerrará.

Directiva contra la evasión
La UE en 2016 intensificó sus esfuerzos para atajar estas prácticas y la Comisión Europea (CE) puso sobre la mesa propuestas que se sumaron a otras ya presentadas: muchas se han aprobado con inusitada celeridad, pero otras siguen en el tintero y muchas no están aún en vigor.

Tres meses después del escándalo de los papeles de Panamá los países aprobaron la directiva contra la evasión de capitales (ATAD), con normas para evitar que las empresas trasladen sus beneficios a países donde quedarían sin gravar o escapen a los impuestos reubicando activos o deduciendo intereses de los préstamos entre empresas.

Entrará en vigor el año próximo y su objetivo es atajar algunas de las tretas más frecuentes entre las empresas, que evaden entre $ 50.000 millones y $ 70.000 millones al año, según un estudio de la Eurocámara.

En julio de 2016 la comisión propuso, además, enmendar la directiva contra el lavado de dinero para obligar a las empresas a revelar la identidad de sus propietarios en un registro accesible a las autoridades tributarias y al público en ciertos casos, y a los países a verificar estos datos.

El mes pasado se aprobó la iniciativa más reciente en la materia: una norma que obligará a los asesores fiscales -consultores, bancos o abogados, entre otros- a informar a las autoridades cuando diseñen planes que puedan ayudar a evadir.

Ambas reglas deberían entrar en vigor en 2020. Sin embargo, la medida más sonada es la creación de la primera lista comunitaria de paraísos fiscales.

La UE la publicó en diciembre pasado con 17 países, que se redujeron a siete después de que algunos se comprometieron a cambiar su legislación: quedan Samoa Americana, Bahamas, Guam, Namibia, las islas San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Más de 50 países problemáticos se comprometieron a hacer cambios legislativos y pasaron a engrosar la llamada lista gris.

La Eurocámara, que desde 2014 creó tres comisiones especiales para investigar escándalos financieros, reconoce que se ha progresado, pero critica la falta de voluntad de algunos países, especialmente frente a las multinacionales, y que no se mire dentro de la propia UE.

“El obstáculo más persistente ha sido el requisito de obtener unanimidad entre los 28 gobiernos, porque algunos países continuamente han puesto freno a reformas necesarias”, dijo en un comunicado la eurodiputada de los Verdes, Molly Scott Cato, miembro de la creada comisión sobre delitos financieros.

Su grupo recordó que los estados están lejos de aprobar la norma para publicar los informes por país sobre la actividad fiscal de las multinacionales, así como la propuesta para crear una base común consolidada del impuesto de sociedades. El objetivo de ambas es que las multinacionales paguen una cantidad adecuada de impuestos en los países que operan.

De cara al interior, la comisión señaló por primera vez en marzo a siete países de la UE -Bélgica, Chipre, Malta, Holanda, Irlanda, Hungría y Luxemburgo- donde hay prácticas que pueden facilitar la evasión de impuestos.

La mención desató las críticas de estos estados, tradicionales defensores de una soberanía fiscal clave para sus modelos económicos y frecuentes detractores de las propuestas europeas.

“No hay paraísos fiscales en la UE (...) pero sería absurdo negar que hay prácticas de planificación fiscal agresiva”, defendió el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, en la primera audiencia de la comisión sobre delitos financieros.  

Irlanda debe recuperar 13.000 millones de euros en impuestos no pagados por Apple; Luxemburgo y Holanda, entre 20 millones y 30 millones de euros de Fiat y Starbucks; Bélgica, 700 millones de euros de 35 multinacionales. (I)

Ecuador aprobó una ley para sus funcionarios
Tras la filtración de los papeles de Panamá en 2016, el entonces presidente Rafael Correa enfatizó, que a diferencia de otros países, su gobierno no figuraba en los documentos. No obstante, un año después el Servicio de Rentas Internas (SRI) reveló que el Estado tenía 20.288 servidores públicos que guardan relación con estos.

El director general del SRI, Leonardo Orlando, especificó -en 2017- que de las 1.693 personas naturales o sociedades relacionadas con el caso en Ecuador, 14 son empleados estatales. De ellos, ocho son accionistas en 24 sociedades nacionales.

El escándalo en el que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) incluyó al fiscal Galo Chiriboga; a Pedro Delgado, exgerente del Banco Central y primo del expresidente Rafael Correa, a Javier Molina, exasesor de la Senain, abrió también la puerta a la aprobación de una ley para que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular no tengan bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales.

La propuesta fue a consulta popular en las elecciones del 19 de febrero de 2017 y publicada el 8 de septiembre, luego de que la Asamblea resolvió las objeciones del Ejecutivo. (I)