En enero de 2014, más de un año y luego del histórico fallo de La Haya, los gobiernos de Chile y Perú se comprometieron a dar vuelta la página de las rencillas históricas y avanzar en la “agenda del futuro”. Pero ya desde entonces los más escépticos advertían que las constantes tensiones y controversias entre ambos países no se terminarían luego de la resolución sobre la frontera marítima dictada por la Corte Internacional. Y así ha ocurrido, como demuestra el caso de supuesto espionaje.

Las siempre complejas relaciones entre Lima y Santiago se tensaron a partir del pasado 20 de febrero, que el Gobierno peruano denunció a través de una nota de protesta que 3 miembros de la Marina de Guerra de Perú fueron pagados para espiar a favor de Chile, entre 2005 y 2012. Los 3 militares fueron detenidos y uno de los supuestos espías (Johnny Philco) identificó a su enlace chileno como el capitán de corbeta Francisco Calvanase, quien bajo el seudónimo de ‘Carlos’, supuestamente, le compró información reservada.

El caso escaló un peldaño más ayer, después de que Perú anunció el retiro temporal de su embajador en Santiago, Fernando Rojas. El gobierno de Ollanta Humala dio este simbólico paso a la espera de respuestas “satisfactorias” de la administración de Michelle Bachelet por el caso del supuesto espionaje.

El Gobierno chileno recibió, además, una segunda nota de protesta en la que Perú señala que “estos actos no se condicen con el espíritu de colaboración y buena vecindad que deben guiar las relaciones entre ambos países”.

Perú reiteró que las acciones de supuesto espionaje se encuentran “debidamente acreditadas” y remitió información complementaria respecto de la que brindó en su primera nota diplomática. El gobierno de Humala ha exigido a Chile que le entregue cuanto antes los resultados de la investigación del caso y que someta a proceso a los responsables de la acción.

El retiro del embajador peruano tiene lugar 2 días después de que el propio presidente Humala advirtió que su gobierno evaluaría la situación “para dar una respuesta enérgica” a Chile, recalcando que “la respuesta que ha dado Chile no satisface la demanda peruana”.

En su momento, el gobierno de Bachelet respondió que Chile no acepta ni promueve acciones de espionaje.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, intentó poner paños fríos al caso, señalando que se utilizan las vías diplomáticas correspondientes y que “Chile frente a esto siempre mira al horizonte, en que quisiéramos con Perú las mejores de las relaciones”. El caso de supuesto espionaje ocurre en un momento complejo para el gobierno de la presidenta Bachelet, que cerró su primer año con un 36% de aprobación. El ejecutivo se ha visto sumamente golpeado por el supuesto tráfico de influencias y negocios no aclarados del hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, que en febrero renunció al cargo de asesor cultural de la Presidencia, que es desempeñado por las primeras damas.

Además, esta nueva controversia con Perú tiene lugar en medio de la disputa con Bolivia en el marco de la demanda que ese país presentó contra Chile en La Haya en 2013. El supuesto espionaje de los 3 marinos peruanos ya ha generado consecuencias concretas.

El Gobierno peruano suspendió la reunión del comité de integración fronteriza, que forma parte de la llamada ‘agenda del futuro’. También, según el diario La Tercera de Chile, parlamentarios del Partido Nacionalista de Humala han amenazado con bloquear el proyecto de ley de cableado submarino. Esta iniciativa forma parte de la implementación del fallo de La Haya.

Desde Chile también se observa con atención cómo el caso se ha politizado en Perú, ya que la oposición ha acusado a Humala de “chilenizar la agenda” para desviar la atención sobre casos de corrupción. A su vez, varios congresistas peruanos han amenazado con presionar para generar algún tipo de impacto en las relaciones comerciales entre ambos países, lo que en Chile se mira con cautela.  Chile ha invertido en Perú $ 14.000 millones, mientras que los capitales peruanos son de $ 8.000 millones.

DATOS

La denuncia del supuesto espionaje de Chile hacia Perú fue efectuada el 18 de febrero. El canal América Televisión emitió un reportaje que mencionaba a 3 suboficiales peruanos involucrados en un proceso por los delitos de traición a la patria, infidencia y desobediencia, tras acusarlos de espiar a favor de Chile.

Los acusados son el analista de información de inteligencia Alfredo Marino Domínguez Raffo, el operador de comunicaciones Johnny Richard Philco Borja y el técnico de tercera clase de la Marina Alberto González.

Según la investigación de los medios de prensa peruanos, los 3 marinos se habrían reunido con sus contactos en una casa ubicada a 150 metros de la embajada chilena en Perú.