El Gobierno español aseguró hoy haber “desarticulado” la organización del referéndum de independencia prohibido en Cataluña, bloqueando todos sus recursos informáticos y cerrando 1.300 centros de votación. Sin embargo, decenas de ellos seguían ocupados por activistas que celebrarán la consulta.

Enzarzado hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo regional catalán está decidido a conmemorar un referéndum de autodeterminación mañana, pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.

Tras meses de secreto, el viernes desveló algunos de sus detalles, entre ellos, la existencia de 2.315 centros de votación en Cataluña, región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.

De estos centros, “1.300 ya han sido precintados”, afirmó el representante de Rajoy en Cataluña, Enric Millo.

Precisó que 163 de los centros están ocupados por activistas que realizan actividades culturales o deportivas, “con toda paz y cívicamente”, a quienes se les permite salir, aunque se impedirá la entrada de otros.

Reconoció que entre los 1.000 centros que quedaban por precintar podría haber decenas más ocupados. Según una fuente del gobierno independentista catalán, “unos 200 centros ocupados” había solo en Barcelona y su periferia.

“Aquí ya han venido los agentes, han hablado con nosotros y nos dijeron que tenemos que salir antes de las 06:00 de hoy, pero no han cerrado nada”, explicó Thais, una madre de 38 años, que, como muchos activistas, prefirió no dar su apellido.

“Pensamos que es esencial que el centro esté abierto el día que tiene que estar abierto, que es el día 1 (octubre)”, aseguró anteriormente, mientras iniciaba el viernes en la noche la ocupación de la escuela de su hijo, Turó del Cargol, al pie del  Parque Güell de Barcelona.

‘Desarticular’ el referéndum

En un esfuerzo por desmantelar la logística de un plebiscito prohibido, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para la votación.

Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, dependiente del gobierno independentista catalán, pero obligada a hacer respetar las decisiones judiciales. Los agentes catalanes recibieron sin embargo la orden de no recurrir a la violencia, lo que abre el interrogante de qué ocurrirá si los activistas ofrecen una resistencia pacífica.

A las personas que están dentro “las invitamos a salir”, insistió Millo, agregando: “no creemos que sea necesario” desalojarlas contra su voluntad.

El representante del Gobierno español anunció una operación de la Guardia Civil en el centro de telecomunicaciones del ejecutivo regional catalán, que bloqueó las conexiones telemáticas de los centros de voto, los sistemas informáticos de recuento y un sistema que hubiese permitido “una votación online mediante una web”.

Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia, el 41,1% a favor y el 49,4% en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio. Pero que el 70% de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum.

Carles Riera, diputado en el parlamento regional, del partido independentista de extrema izquierda CUP, dijo que la movilización seguirá el lunes. (I)