La pobreza mata en España. La muerte de una mujer de 81 años en la localidad catalana de Reus, a quien la compañía eléctrica cortó los servicios básicos de energía por no pagar a tiempo sus facturas, dejó al descubierto que esta situación se cobra, al menos, 7.000 vidas al año en el país. Más víctimas que los accidentes de tránsito.  

La anciana de Reus falleció abrasada al propagarse el fuego de una candela que utilizaba para combatir el frío invernal en su vivienda.

Las cifras son estremecedoras. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dos de cada 10 hogares españoles no pueden encender la calefacción, ni cocinar ni iluminarse cuando anochece por la falta de recursos para pagar los altos costos de las tarifas energéticas.

Se trata del 11% de los núcleos familiares que representan a más de 5 millones de ciudadanos incapaces de calentarse durante los meses más fríos del año. Además, otro 9,4% tiene retrasos en la liquidación de estos pagos.

Para Marta Rodríguez, miembro de la organización de consumidores en acción (Facua), “no cabe ninguna duda de que la crisis económica es la principal causa de esta emergencia, pero también que, pese a las dificultades generadas por esta situación, las grandes compañías han incrementado las tarifas a lo largo de los últimos años sin cortapisas”.

Tan solo en el último semestre, el precio de la electricidad en España se encareció en 25%. “Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder terminar con los abusos que cometen”, afirma Rodríguez, que el pasado 21 de diciembre participó en una de las multitudinarias manifestaciones de denuncia celebradas en 40 ciudades del país.

La Cruz Roja también reconoció que el pasado año tuvo que actuar en 16.887 hogares para ayudarlos en el pago de casi 30.000 facturas de luz, gas y agua, a las que esta organización destinó 4,3 millones de euros ($ 4,5 millones). Una cifra colosal si se tiene en cuenta que en 2013 desembolsó 2,5 millones de euros ($ 2,6 millones).

La respuesta de las compañías eléctricas se está haciendo esperar. La única reacción pública llegó en noviembre de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

La organización, que agrupa a todas las compañías energéticas, decidió recurrir a los tribunales por decisión del Ayuntamiento de Barcelona de abrir 32 expedientes sancionadores a dos multinacionales eléctricas por no informar correctamente a los usuarios de sus derechos antes de cortarles el fluido. Es solo la punta de un iceberg porque en 2015, la suspensión del suministro afectó a 84.000 familias durante al menos un mes.

La presión ciudadana llegó al Congreso hace ya varios años, pero cualquier iniciativa para abrir un debate sobre esta situación terminaba en el fondo de un armario bajo la llave que suponía la mayoría absoluta que ostentaba el Partido Popular (PP).

Sin embargo, la nueva configuración parlamentaria permitió la pasada semana que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cerrara un acuerdo definitivo con el gobierno de Mariano Rajoy para evitar los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad económica reforzando, de paso, su imagen de partido progresista en la oposición.

A cambio, los socialistas garantizan al nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, su apoyo a la reforma que pretende realizar del bono social, una tarifa subvencionada que se aplica a cerca de 2,5 millones de consumidores con bajos ingresos.

Unidos Podemos quedó fuera de este pacto, pese a que en noviembre fue la formación de Pablo Iglesias la que tomó la iniciativa al concentrar el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias a una propuesta para impulsar al Ejecutivo a prohibir los cortes de luz. (I)

DATOS

España cuenta con un bono social eléctrico del que se benefician 2,4 millones de consumidores. Contempla un descuento del 25% en la tarifa regulada de la luz y se pueden acoger los hogares con menos de 3 kilovatios de potencia instalada, pensionistas con prestaciones mínimas o familias con todos sus miembros en paro.

Uno de los asuntos por resolver era quién debía financiar el bono. Hasta octubre lo costeaban las 23 empresas eléctricas con actividad en las áreas de generación, distribución y comercialización, aunque el 96% recaía en las 5 grandes: EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo.

El Tribunal Supremo invalidó el mecanismo al considerarlo arbitrario y discriminatorio, lo que obligó al titular de la cartera de Energía a aprobar un real decreto ley para regular la  financiación del coste del bono social. (I)

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Cataluña presenta proyecto

Rajoy rechaza referéndum de independencia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer en la rueda de prensa para hacer balance del año y de las previsiones para el próximo 2017 que no habrá un referéndum en Cataluña.

“El Gobierno no va a autorizar ningún referéndum en Cataluña para liquidar la soberanía nacional”, manifestó el jefe de Gobierno, tras asegurar que ofrece diálogo al gobierno independentista catalán “siempre que no se trate de incumplir la ley”.

“Que nadie se deje engañar, ningún presidente va a aceptar la liquidación de la soberanía nacional”, enfatizó. Rajoy está dispuesto a hablar con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pero no de la soberanía nacional, ni siquiera a través de una reforma de la Constitución española.

Los partidos que conforman la mayoría en el Parlamento de Cataluña, la gobernante Juntos por el Sí y la anticapitalista de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), presentaron el jueves un acuerdo sobre la transitoriedad jurídica del proceso independentista.

La propuesta fue anunciada a pesar de que días antes el Tribunal Supremo declaró nulo el proceso de leyes independentistas que se preparan en el Parlamento catalán, y advirtió sobre consecuencias jurídicas si persisten en ello. (I)