Las ilusiones de Barcelona por convertirse en la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) se esfumaron, el lunes, a las primeras de cambio a favor de Ámsterdam.

Aunque el fiasco se veía venir tras los últimos acontecimientos sucedidos en Cataluña, la decisión ha desatado una guerra de acusaciones cruzadas entre el gobierno español y los miembros del Govern destituidos que se encuentran en Bruselas en libertad vigilada.

La ofensiva por traer la sede de la EMA a la capital catalana era el último objetivo que mantenía unidos a dos administraciones políticas. Ambas consideraban que su llegada a Barcelona acarrearía la creación de 890 nuevos empleos para una ciudad embarcada en una transformación financiera radical y una revitalización económica sin parangón desde los juegos olímpicos de 1992. Hasta habían consensuado la ubicación de su sede. De haber sido elegida, la EMA hubiera ocupado las 34 plantas de la portentosa Torre Glòries, anteriormente conocida como Torre Agbar, el impresionante complejo modernista de 134 metros de altura diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel en una de las avenidas más vistosas de Barcelona como la Diagonal.

Pero su eliminación en la primera de las series finales provocó el abandono de la delegación española de la sala del Consejo europeo, encabezado por la ministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat. “Era la mejor candidato pero qué duda cabe que la inestabilidad independentista ha influido en la eliminación”, señaló visiblemente contrariada.

A tenor de las cifras que dejó durante su etapa de funcionamiento en Londres antes de que el infausto Brexit obligara a acelerar su salida del Reino Unido, el volumen de negocio que la EMA moviliza es gigantesco. Se calcula que entre 35.000 y 40.000 empresas del sector farmacéutico visitan alguna de sus 1.200 oficinas a lo largo del año en busca de nuevos negocios. Una mina de oro para un país como España, que aún no se ha recuperado de las heridas provocadas por una crisis que casi le deja en bancarrota.

Desde su retiro de Bruselas, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, embarcado ya en la campaña electoral del 21 de diciembre, daba la vuelta a las críticas de la ministra y culpaba a la imagen proyectada durante la celebración del referéndum del 1 de octubre y a la situación política de excepcionalidad que ha supuesto la aplicación del artículo 155 en Cataluña. “Hasta el 1-O éramos favoritos. Con violencia, retroceso democrático y el 155 el estado ha sentenciado”, escribió el líder independentista en las redes sociales.

El ex conseller de Sanidad, Antoni Comí, también huido de la justicia española en Bélgica, fue mucho más duro al declarar que “España se está convirtiendo en un estado paria”. En medio de ambas trincheras, una vez más, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que se limitó a decir que ni la declaración de independencia ni las medidas impuestas por el ejecutivo de Rajoy para sofocarlo han ayudado “pero menos ayudará que a partir de ahora unos acusen a los otros”.

Motivos aparte, lo que parece indiscutible es que Barcelona tardará tiempo en recuperarse del mazazo que ha supuesto perder uno de los más dulces caramelos económicos que la UE suele repartir entre sus socios para tenerles contentos.

Lejos de las polémicas regionales, los responsables de otorgar la capital farmacéutica a Ámsterdam en lugar de a Barcelona, Copenhague o Milán, que también opositaron hasta el último minuto, no argumentaron inestabilidades políticas ni falta de libertades sino pura estrategia en su decisión. Ganó la capital holandesa porque era la opción preferida para cientos de empleados de la EMA, un factor determinante. Otro elemento que pudo decantar la descalificación de Barcelona fue que España ya cuenta con cinco organismos europeos. Y esto, para la inteligencia europea, es más importante que la mayor de las incertidumbres. (I)