La oposición venezolana retoma esta semana su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. Lo hará fracturada y sin una estrategia clara para lograr su objetivo de sacar del poder al sucesor del fallecido Hugo Chávez, que luce más fuerte, pese a los augurios de una crisis peor en 2017.

A un año de asumir el control de la Asamblea Nacional, la oposición renovará la junta directiva parlamentaria mañana. Cambiará su equipo coordinador y redefinirá su hoja de ruta, tras fracasar en 2016  su plan de revocar el mandato de Maduro, dividirse y perder apoyo popular.

“Están en una situación doblemente difícil: por un lado, luchan contra una fuerza que tiene el poder económico, militar y político; y, por otro, lo hacen fraccionados, sin organización sólida y con pugnas internas insalvables”, comentó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) buscará motivar la presión social. Pero no le será fácil, pese a que el 78,5% de los venezolanos, según Datanálisis, rechaza la gestión de Maduro por la alta inflación y la escasez de alimentos, medicinas y dinero en efectivo.

Tras arrasar en las legislativas de 2015, terminando con 17 años de hegemonía chavista en el Parlamento, esa alianza opositora no logra capitalizar el descontento.

Según Keller y Asociados, su apoyo bajó de 45% a 38% en los últimos dos meses por sus desacuerdos, errores estratégicos y desconexión con los grupos sociales. “El pueblo opositor estuvo por encima de su dirigencia. Hubo altas expectativas que no fueron satisfechas. La oposición ha carecido de una estrategia de poder”, admitió Jesús Torrealba, quien podría ser relevado como secretario ejecutivo de la MUD.

La MUD agudizó sus diferencias luego de que el poder electoral -al que acusa de aliado del chavismo- suspendió el proceso de referendo revocatorio el 20 de octubre y, pese a ello, 10 días después entabló un diálogo con el Gobierno, auspiciado por el Vaticano y la Unasur.

Las negociaciones fueron rechazadas por muchos seguidores de la MUD y la mitad de los 30 partidos que la integran -entre ellos el del líder preso Leopoldo López-, por considerar que el Gobierno las planteó para enfriar las protestas.

“No son divisiones superficiales. En la MUD hay diferencias estructurales entre moderados y radicales sobre la vía para atender el problema Maduro y conflictos de intereses entre sus líderes”, opinó León.

Entre críticas, la MUD congeló el diálogo en diciembre, al acusar al Gobierno de incumplir la excarcelación de opositores y la definición de un calendario electoral que incluya la reactivación del revocatorio o el adelanto de las elecciones de 2018.

Pero la liberación de siete opositores en vísperas de año nuevo, entre ellos el excandidato presidencial Manuel Rosales, podría suavizar posturas y llevar a la MUD a la cita del 13 de enero. “Nosotros la vamos a cumplir”, aseguró Nicolás Maduro el 27 de diciembre.

“Estas liberaciones son puntuales, no van al fondo del problema del diálogo: la desconfianza; por eso está en un punto muerto”, afirmó el politólogo Ricardo Sucre.

Aunque van 17 opositores excarcelados desde que comenzaron las pláticas, según la MUD un centenar de ellos permanece preso, incluidos los de mayor peso: López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Las estrategias

López, Ledezma y otros opositores proponen retomar en 2017 la ofensiva desde la Asamblea Nacional y la calle, y recuperar el voto. “Tenemos que luchar para que se dé el cambio de gobierno”, dijo Capriles.

Pero la MUD no aclara aún cómo: si se concentrarán en las elecciones de gobernadores y alcaldes de este año o insistirán en un revocatorio, que en 2017 implica solo el reemplazo de Maduro por su vicepresidente y no comicios presidenciales, como hubiera ocurrido si se hacía en 2016.

“Un revocatorio ya no tiene sentido. Las elecciones regionales es la opción que les queda”, dijo Sucre.

Por el lado del Parlamento, en diciembre declaró a Maduro responsable político de la crisis y evaluará a partir del jueves la figura del “abandono de cargo”, al acusarlo de incumplir su deber de garantizar la gobernabilidad del país.

Pero el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de servir al chavismo, ha anulado prácticamente todas las decisiones del Legislativo.

En la presidencia legislativa, Henry Ramos Allup será sustituido por Julio Borges, quien fue jefe de la bancada opositora en 2016 y dice que trabajará por la unidad.

Para León, la MUD tiene dos retos clave: entender que sin unidad no logrará nada y que la negociación no debe excluir la presión social, ni los políticos a la sociedad civil, como ha ocurrido. (I)