La mayoría opositora del Parlamento venezolano designó ayer un tribunal supremo paralelo al actual en funciones, al que acusa de servir al Gobierno, como parte de una escalada para obligar al presidente Nicolás Maduro a dar marcha atrás con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

En una sesión celebrada en una plaza pública del este de Caracas, el presidente del Legislativo, Julio Borges, juramentó a 33 personas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Mientras ocurría esta situación, en el centro de la capital el TSJ advertía que los parlamentarios deben ser encarcelados por el acto “nulo” y de “ánimo subversivo”.

La corte reiteró que la cámara está en desacato y todas sus decisiones carecen de validez, por lo que la designación de jueces tipifica una “usurpación de funciones” y “traición a la patria”, este último delito castigado con prisión.
Borges dijo que la nueva corte forma parte del “cambio que pronto tendrá” Venezuela, con una “justicia al servicio del pueblo y no de una parcialidad política”.

El actual tribunal fue designado a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista en el Parlamento, días antes de que la oposición tomara el control tras una victoria aplastante en las urnas.

Desde entonces se desató un choque de poderes: en enero de 2016 el TSJ declaró en desacato al Legislativo por juramentar a tres diputados acusados de fraude electoral; en tanto, la cámara desconoce a la corte por considerar que su elección fue ilegal.

El TSJ, además, emitió decenas de fallos que anularon decisiones del Congreso y recortaron sus poderes. Pero el TSJ reiteró su sentencia del jueves, en la que anuló el proceso para la designación de una instancia paralelamente, y advirtió que los parlamentarios deben ser apresados. “Corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional (...). Para nosotros, ya deben dictarse las medidas de coerción porque es una flagrancia permanente”, declaró el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.

El tribunal paralelamente, del que aún se ignora dónde sesionará, es parte de lo que la oposición denomina “escalada definitiva” para frenar la Constituyente y poner fin al gobierno de Maduro, tras casi cuatro meses de protestas que dejan 103 muertos.

Mercosur pide liberar a presos

Los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) más Chile, Colombia, Guyana y México expresaron, en una declaración surgida de la cumbre que se realizó en la ciudad argentina de Mendoza, su “profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela”.

Además realizaron “un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos”.

Destacaron el convencimiento del Mercosur en que “la solución a la crisis solo podrá ser resuelta por los venezolanos” e instaron tanto a las autoridades como a las fuerzas opositoras a retomar el diálogo “que permita una concertación política creíble”.

El canciller argentino, Jorge Faurie, informó que el Mercosur le envió una nota al Gobierno de Venezuela “instando” a iniciar un proceso de diálogo en “un plazo breve”. (I)