El gobierno de Brasil entró en una crisis que puede llevar al presidente Michel Temer al juicio político. El exministro de Cultura, Marcelo Calero, lo denunció por  presionarlo para interceder para la construcción de un edificio en una zona histórica de la ciudad de Salvador, Bahía.

El escándalo motivó la renuncia del ministro de Gobierno, Geddel Vieiura Lima, acusado de conminar también al ministro de Cultura para que altere una norma del patrimonio histórico para construir un edificio de lujo en una región colonial de Salvador, en el estado de Bahía.

El caso se produce en medio de la tormenta política generada por el enfrentamiento entre el Poder Judicial y la coalición oficialista del Congreso que apoya a Temer. Este bloque dictó una amnistía a los delitos de recaudación ilegal electoral e incluirlo en un paquete de 10 medidas que endurecen la lucha contra la corrupción.

El operativo de los congresistas para aprobar una ley que borre los supuestos delitos de recaudación ilegal de dinero en la campaña no es fruto del azar. Es que 78 ejecutivos de la empresa constructora Odebrecht decidieron colaborar con la Operación Lava Jato, que inicialmente descubrió un fraude en la petrolera Petrobras, para contar a cuáles políticos y funcionarios les pagaron sobornos o los usaron para lavar dinero.

Pero sin duda la crisis que se avecina en el horizonte de pocas horas ha golpeado directamente a Temer, el exvicepresidente de Dilma Rousseff que se pasó a la oposición. Conspiró contra su excompañera de fórmula y la empujó a la destitución el 31 de agosto en juicio político, una maniobra denunciada como un golpe de Estado parlamentario.

Ante la policía federal, Temer fue acusado por su exministro de Cultura de haberlo presionado para ceder al tráfico de influencias de uno de los más poderosos miembros del gabinete, Geddel Vieira Lima, ministro de Gobierno y encargado de negociar con el Congreso.

El diplomático Marcelo Calero reveló ante la Policía Federal sus diálogos con Temer cuando le explicó que sufría presiones para que desde el Ministerio de Cultura autorizara una obra en Salvador, Bahía. Allí, en un lugar declarado patrimonio histórico, Vieira Lima compró un apartamento y necesitaba la autorización del Ministerio de Cultura para que se construya una torre de 30 pisos. Pero Calero grabó las conversaciones y se las entregó a la policía.

Calero renunció hace una semana y ahora hace lo mismo Vieira Lima. Son 6 ministros que cayeron desde que Temer asumió el poder.

Calero, ante la Policía Federal, involucró directamente al mandatario con estas presiones para que cometa corrupción. Incluso grabó a Temer y entregó el material a la fiscalía general.

El exministro “se sintió decepcionado porque el propio presidente lo castigó al decirle que “’la política tenía estas cosas, este tipo de presiones’”, según la declaración ante la policía federal.

En ese marco, el Partido de los Trabajadores y Rede, en el Congreso, anunciaron que recolectarán el material de la denuncia para un pedido de juicio político contra Temer por tráfico de influencias.

Cámara votará “amnistía”

La revelación ocurrió luego de que la Cámara de Diputados se enfrentara al juez Sergio Moro y los fiscales que investigan el escándalo de corrupción en Petrobras.

Los legisladores denunciaron que la coalición de Temer hizo maniobras para dar una suerte de amnistía para quienes son investigados por recibir dinero ilegal para las campañas electorales.

“El futuro del país, de la democracia, está en juego”, dijo el juez Moro, célebre por la investigación de corrupción entre empresas constructoras y funcionarios que aceptaban sobornos a cambio de mejorar contratos y repasar la coima a las arcas de los partidos políticos.

Un clima escandaloso marcó la agenda del país luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, afirmó que un paquete anticorrupción presentado por los fiscales de la Operación Lava Jato, fue alterado para beneficiar a políticos investigados.

El punto en cuestión es que el proyecto que el próximo martes votará la Cámara baja incluye como delito en el Código Penal a la llamada “Caja 2”, las contribuciones ilegales para las campañas políticas que hoy apenas es un delito electoral, y que forman parte de las acusaciones por lavado de dinero y sobornos que investiga el juez Sergio Moro.

El juez Moro, en una inédita participación política, afirmó en un comunicado: “Toda amnistía es cuestionable, porque estimula el deprecio a la ley y genera desconfianza”.
“Preocupa la posibilidad de que con el pretexto de amnistiar sean beneficiadas conductas de corrupción y lavado de dinero practicada en forma de donaciones electorales, sean estas registradas o no”, escribió el juez del caso que desde 2014 marca la agenda política y económica del país.

Una amnistía, según Moro, “impactaría en el futuro del país” y en los procesos investigados en la Operación Lava Jato. “No estoy de acuerdo en hablar de amnistía, no se puede hablar de algo que no existe. Esto es un juego de palabras para desmoralizar al Congreso. Cada diputado federal tiene soberanía del voto popular”, dijo, por su parte, el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, denunciado por la fiscalía general ante la corte por irregularidades en las donaciones electorales.

Detener las investigaciones para la clase política una vez destituida Rousseff fue el plan de la mano derecha de Temer en el Senado. Así lo reveló el líder del gobierno en la Cámara alta, Romero Jucá. El mismo lo menciona en un audio grabado por la justicia cuando dice que debe haber un pacto nacional para frenar la investigación por corrupción.

La intencionalidad política denunciada en la Operación Lava Jato llegó a uno de los puntos centrales esta semana, con el inicio del juicio por corrupción que el juez Moro abrió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El exgobernante está acusado de recibir en sobornos un apartamento como regalo de la empresa constructora OAS, en el balneario de Guarujá, estado de Sao Paulo.

Ocho testigos presentados por la fiscalía, todos ellos corruptos confesos en el caso Petrobras y rivales políticos de Lula, desconocieron la acusación y no aportaron pruebas contra el exmandatario. (I)

DATOS

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo el 31 de agosto, con 61 votos a favor en el senado, y 20 en contra en un juicio político impulsado por el actual mandatario Michel Temer.

Los senadores ejecutaron las acusaciones perpetradas por la oposición de haber “maquillado” las cuentas públicas de 2014 y 2015 y de haber “cargado” a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno.

En su comparecencia ante el senado el 29 de agosto, Rousseff recalcó que jamás atentaría contra la democracia o la Constitución de su país.

Sin embargo tras no haber alcanzado los tres tercios de la Cámara, Rousseff no fue inhabilitada para cargos públicos.