Duro varapalo internacional el que acaba de recibir España por la situación de la infancia afectada por los desahucios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) censuró los fallos legislativos existentes y calificó como “insuficientes” las inversiones oficiales que se destinan anualmente para combatir la desigualdad que sufren los menores de edad.

Se trata del informe más severo que ha realizado la organización internacional contra España, luego de que en junio advirtiera en un detallado examen que debía de acometer profundas modificaciones para cumplir con la convención sobre los derechos de los niños.

Para el Comité, las deficiencias detectadas son “preocupantes” y pide al Gobierno que vuelva a incrementar el presupuesto que destina el parque de viviendas sociales de alquiler, reducido en más del 70% desde el comienzo de la crisis económica, con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos.

De acuerdo con los últimos datos oficiales registrados, solo en los tres primeros trimestres de 2017 se registraron 45.495 desalojos forzados, 6.695 en Barcelona y 4.889 en Madrid, y en el 61% de ellos había niños o adolescentes involucrados.

La cifra exacta es imposible de cuantificar porque el CGPJ no desgrana esos detalles. Fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calculan que podrían llegar a los 40.000 en todo el Estado.

Unicef y el Comisario europeo de los Derechos Humanos son aún más duros al estimar que la media diaria de desahucios en España es de 159 y que “en el 70% o el 80%” de los casos están afectados menores de edad.

Uno de los colectivos más golpeados por este problema es la comunidad ecuatoriana. Un estudio elaborado por la Universidad Pontificia de Comillas y el Observatorio Vasco de Inmigración estima que podrían estar afectadas “alrededor de 20.000 familias ecuatorianas”.

La Embajada de Ecuador continúa prestando el servicio de asistencia jurídica y psicológica que se inició en 2012 y así continuará por tiempo indefinido. Solo en el último mes, el equipo de letrados contratado por la misión diplomática realizó más de 1.700 atenciones, de las cuales 1.619 fueron asesorías personales y 126 acompañamientos jurídicos en el proceso de negociación con la entidad crediticia. Y desde su puesta en marcha hace 7 años ha logrado resoluciones favorables para más de 4.500 familias perjudicadas.

La realidad en Ecuador
Este país sigue siendo el único país del mundo que presta este tipo de ayuda a sus ciudadanos residentes en España. “Hemos comenzado a elaborar un estudio más exhaustivo cuyo objetivo es detectar donde se encuentran hoy en día los núcleos críticos del problema de las hipotecas en la comunidad migrante. Esto nos permitirá enfocar los servicios aún con más eficacia”, asegura el embajador Cristóbal Roldán a EL TELÉGRAFO. Por ejemplo, el nuevo estudio les permitirá detectar cuántas familias con menores están afectadas.

Durante los últimos años el programa de asesoría jurídica ha realizado más de 97.000 asistencias legales a un total aproximado de 17.000 usuarios. “Los procesos de negociación con las entidades acreedoras son trascendentales para la resolución de un caso. Es así como en el último mes conseguimos frenar 4 desahucios, evitando la expulsión de las familias de sus viviendas”, explica Roldán.

Los expedientes abiertos contra España en materia de desprotección de vivienda son numerosos. Desde 2014, el Europarlamento, la Comisión Europea (CE) y ahora la ONU han puesto varias veces el grito en el cielo ante el desorbitado número de desahucios que se siguen registrando. El informe DESC también censura la inapropiada interpretación de las leyes que hacen los juzgados y la exasperante lentitud con la que se practican los realojos de ciudadanos triturados por las hipotecas.

El abogado de la cooperativa CAES, Javier Rubio, califica de “maquillaje” la reforma de la legislación hipotecaria realizada por el Gobierno el pasado mes noviembre, ya que el número de desalojos no se está reduciendo “sino que ha variado el origen. Han bajado los hipotecados pero han subido los de alquiler y los de recuperación, las casas vacías ocupadas por familias sin recursos”.

Y cita cifras que “demuestran” que el Estado no se ha decidido a combatir el problema y que los desahucios “siguen produciéndose en toda España al mismo ritmo de 2014”. Solo en su oficina se reciben al día una media de 4 casos y el patrón de los afectados es “el de una mujer con hijos menores a la que nadie alquila y nadie ayuda”, revela Rubio.

Hace un mes, el Tribunal Supremo fijó doctrina al revocar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había dado el visto bueno al desalojo de una familia con tres niños de una vivienda pública.

El Supremo ordenaba al juez que dictara un nuevo auto teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que quedaban los menores. “La importancia de esa sentencia es que por primera vez se tiene en cuenta el principio de la proporcionalidad jurídica, elemento clave para juzgar estos casos y que supone valorar las circunstancias que concurren cuando se produce el lanzamiento de una hipoteca o de alquileres”, explica Javier Rubio. (I)

Cifras
Déficit habitacional
En España hay un 1% de viviendas de alquiler público frente al 15% de la Unión Europea, lo que pone de relieve la necesidad de tomar medidas. Para 2018 se prevé aumentar a 260 o 270 el número de viviendas sociales en Castilla y León.

3 millones de viviendas están vacías en España, mientras hay 40.000 personas sin hogar.

Plan
Con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que entró en vigor el pasado 1 de enero, se espera un incremento del 10% en el precio de los alquileres. También ofrece ayudas para adquirir una casa. (I)