La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo sentirse gravemente preocupada por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional una parte de la normativa que permitió juzgar crímenes cometidos durante la dictadura militar.

Se trata de algunos artículos de la ley que había dejado sin efecto la denominada "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".

"Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país", señaló Pillay.

Según la oficina de la alta comisionada, esa sentencia abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, lo que atenta contra el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

En la declaración de Pillay, también se mencionó con inquietud el caso de la jueza Mariana Mota, quien investigó cerca de cincuenta casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante ese mismo periodo y que hace dos días fue "abruptamente" trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil.

"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia", recalcó la máxima responsable de derechos humanos de Naciones Unidas.