El Brasil surgido del golpe parlamentario de Michel Temer aprobó la nueva ley petrolera, que reduce la participación de la estatal Petrobras en la explotación de los megayacimientos submarinos del Atlántico y abre el camino, y el apetito, para que allí operen las petroleras extranjeras.

Al grito de “entreguistas” y “golpistas” por parte de trabajadores petroleros y envalentonada por la derrota del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones municipales del domingo pasado, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó lo que la antigua oposición, hoy parte del gobierno de Temer, les había prometido a las multinacionales: sacar del medio a Petrobras.

La nueva ley que permite el control de las empresas extranjeras en los mega-yacimientos submarinos descubiertos en 2007 e implica que Petrobras no va a estar obligada, como ahora, a participar con al menos 30% en todos los consorcios para extraer el hidrocarburo de alta calidad (28 grados API).

El proyecto, de autoría del canciller José Serra, había sido aprobado por el Senado y fue votado, en diputados, por 292 contra 101 y 1 abstención. Para tener una idea sobre lo que significan esos megacampos, la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) los calificó como el horizonte de hidrocarburos más importante de los últimos treinta años, dada su potencialidad que puede convertir a Brasil en un exportador de crudo.

Pero desde que fue destituida Dilma Rousseff, el 31 de agosto, el gobierno de Temer y sus aliados han acelerado el barco hacia un proyecto neoliberal con el Estado en retirada, luego de 13 años del Gobierno del Partido de los Trabajadores, que contaba con aliados conservadores en el Congreso que le han jugado a traición y han ocupado el Gobierno.

La medida era una de las apuestas políticas del presidente Michel Temer para mostrar una legislación petrolera que redujera la participación estatal, y aumentara la de las petroleras extranjeras en los campos de petróleo ubicados a 6.000 metros de profundidad, en la capa geológica pre-sal, frente a las costas de los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro.

En las gradas de la Cámara de Diputados, partidos de izquierda y militantes de la Federación Única de los Petroleros (FUP) repudiaron la aprobación el proyecto. El argumento es que Petrobras, eje de un escándalo de corrupción y golpeada por la caída de la crisis del precio del petróleo, no tiene palanca para sustentar las operaciones offshore, siendo la empresa petrolera mundial número uno en este tipo de actividad.

El nuevo gobierno de Temer puso al frente de Petrobras a Pedro Parente, un exfuncionario de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que anunció una reducción del 25% en la inversión de la empresa hasta 2020 y comenzó a vender activos, como el gasoducto del sudeste a la canadiense Brookfield.

Estos campos petroleros submarinos, a diferencia de los terrestres, tienen el régimen de división de lucro y no de royalties, con lo cual el Estado recibe directamente dinero del petróleo extraído por el consorcio operador.

Hasta el momento, apenas fue concedido un campo petrolero, llamado Libra, a 170 kilómetros de la costa de Río, con capacidad para la producción de entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo, en un consorcio entre Petrobras, las chinas CNPC y CNOOC, la francesa Total y la anglo-holandesa Shell.

“Este cambio de ley, sacando a Petrobras de la posición estratégica del pre-sal y reduciendo su participación y ganancias en los próximos campos petroleros es entregar nuestra riqueza petrolera a las multinacionales. El gobierno de Temer y sus aliados deben de tener coraje para admitir que están entregando el petróleo de Brasil a las grandes empresas”, dijo José Guimaraes, del Partido de los Trabajadores.

La norma indica que el presidente de la República tendrá la autoridad para determinar si Petrobras puede o no participar de las próximas concesiones exploratorias, cuando ahora la compañía está obligada a tener al menos el 30% en los proyectos.

En realidad, el cambio de la ley petrolera no tiene que ver con la crisis de corrupción ni con la caída estrepitosa de los precios del crudo, sino con un viejo anhelo de quienes hoy están en el Gobierno rodeando a Temer. La ley petrolera hecha por el gobierno de Lula fue motivo de una dura oposición por parte de Serra, el actual canciller que fue candidato presidencial derrotado por Dilma Rousseff en 2010.                                                                                                                                                    

Según se afirma, Serra le prometió a la directora de Desarrollo de Negocios de la estadounidense Chevron, Patricia Pardal, que la ley que modificaba el lucro del Estado y aumentaba la participación obligatoria de Petrobras iba a ser cambiada, de acuerdo con un cable del consulado estadounidense en Río de Janeiro.

El diálogo fue contado por Pardal al consulado estadounidense en Río de Janeiro, que lo informó al Departamento de Estado en un cable interceptado por WikiLeaks. (I)