Aunque todavía no es oficial, el presidente español, Mariano Rajoy, podría anunciar en los próximos días que las elecciones generales se celebrarán finalmente en diciembre en lugar de noviembre, como esperaban los partidos políticos.

De confirmarse este retraso, el Gobierno gozará de tiempo suficiente para maniobrar en 2 aspectos considerados estratégicos para mejorar su imagen y permitir al Partido Popular (PP) recuperar los votos perdidos que lo acerquen a un nuevo triunfo.

Su plan es aprobar en agosto los Presupuestos del Estado de 2016 y atrapar la gestión del gobierno que pueda salir elegido al menos hasta el mes de abril.

Rajoy también parece convencido de que ganar 30 días al veredicto electoral serán clave para la mejora económica del país, un éxito envuelto en la polémica de las cifras pero que el gobierno repite cada día como un mantra.

Y para que la ciudadanía comience a percibir la efectividad de su gestión ha bajado el 2,1% la factura de la luz y anunció que la previsión para diciembre de la gigantesca tasa de paro que tiene España, el 22,31%, es que siga bajando hasta situarse en el 21,1%, alrededor de 4’866.000 personas.

El cambio de imagen que pretende lucir el gobierno del PP hasta las elecciones incluyen la subvención de 42 millones de euros a la Cruz Roja, otros 25 millones a 87 programas sociales que afectarán a un millón de personas, una rebaja fiscal de 9.000 millones de euros, incluso, la puesta en marcha de un plan de desarrollo para la comunidad gitana dotada de 412.500 euros.

Por supuesto en este sorprendente “lifting” de la derecha española está incluido un nuevo logotipo del PP, más cálido, y la permuta de sus viejos voceros por otros más jóvenes y audaces, como Pablo Casado que publica sus fotos más desenfadadas en las redes sociales y usa datos de hace 2 años para atacar al Gobierno de Grecia, que gobierna hace 7 meses.

El gran problema es que siguen colándose mensajes xenófobos con los políticos nuevos. Uno es su candidato en Cataluña, Xavier García Albiol, cuyo paso por la alcaldía de Badalona, un municipio cercano a Barcelona, terminó enfrentándolo a ciudadanos rumanos y magrebíes.

O como el caso de una de las incorporaciones estrella de Mariano Rajoy, Javier Maroto, acusado de racista por varias organizaciones de migrantes cuando fue alcalde de Vitoria, en Euskadi.

Pero al gobierno le faltará tiempo para reducir la desigualdad económica que marcan las estadísticas. España es el país más inequitativo de la Eurozona, de acuerdo con el índice GINI, con 0,34 puntos, el nivel más alto desde que hay registros.

Según datos de la organización Intermón Oxfam, el 1% de los más ricos posee tanto como el 70% de los españoles. Es decir, medio millón de ciudadanos disfruta hoy del capital que detentan 32,5 millones de ciudadanos. (I)