Luego de más de 10 días de posesionado, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, sigue en su proceso de intervención de los servicios de comunicación. El siguiente paso lo dio ayer cuando ordenó la suspensión inmediata de la señal del canal Senado TV hasta nuevo aviso.

Así lo reveló el secretario administrativo de la Cámara alta, Helio Rebot, a través de un comunicado que envió a distintas áreas del Congreso y fue replicado por la cadena Telesur. La medida fue autorizada por la vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti.

Según el Gobierno, la idea “es reordenar su programación, mientras se realiza una auditoría externa sobre las cuentas de la Cámara alta”.

La orden, tal cual registra el portal Telesur, contempla la interrupción “tanto de la (programación) que se emite por la señal interna del organismo (canales 97 y 98), como también la difundida a través de los canales de televisión de aire por señales de TV cable a todo el país”.

El canal fue creado por Daniel Scioli durante su gestión como presidente de la Cámara y se basó en uno del mismo nombre que opera en el Senado de Brasil. El portal emitía una programación variada que iba desde entrevistas a los legisladores hasta un noticiero central.

El cierre del programa se une a lo ocurrido en la víspera de Navidad en Buenos Aires, cuando las fuerzas del orden enviadas por Macri allanaron las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y, además, desalojaron a los empleados.

La empresa de comunicaciones fue acordonada con varios efectivos de la Policía federal.

“¿Quién será responsable de la aplicación de la ley? Lo que está en discusión es si este organismo lo dirige un interventor o un directorio,  no la vigencia del organismo y la necesaria aplicación de la ley, ¿cómo un juez puede impedir el funcionamiento de un organismo público, impidiendo la entrada y salida de sus trabajadores?, denunció Martín Sabbatella, titular de la Afsca y a quien el Gobierno electo acusa de querer mantenerse en funciones.

El cargo de Sabbatella tiene vigencia hasta 2017 y fue removido por un decreto de emergencia que firmó Macri la semana pasada.

A través de este decreto, Macri también ordenó fusionar la Afsca y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic) en un solo ente. Estos organismos fueron creados para regular las telecomunicaciones y los medios audiovisuales de Argentina, amparados en la Ley de Medios de ese país promulgada con amplia mayoría en 2009.

“Quieren cambiar la ley porque no les gusta y para devolverles los favores a El Clarín realizados durante la campaña presidencial”, dijo Sabbatella ante los canales argentinos ayer.

Para él, la Ley de Medios, que democratizó la comunicación y desbarató el monopolio privado, estaría en riesgo. Según la normativa, ningún grupo puede poseer más de 10 licencias de radio y televisión abierta. El mayor grupo mediático de Argentina, el Clarín, tenía 12.

Desde los propios periódicos argentinos se adelanta que el equipo de Macri estaría trabajando en cambiar los artículos más controvertidos de la ley -entre ellos el 41 y el 45, que impiden la venta de los medios privados con fines de lucro y le ponen límites a su expansión-, cuya constitucionalidad fue confirmada por la Corte Suprema en 2013.

“Si así ocurriese, el plan es crear una comisión para analizar cambios y tal vez el año próximo enviar al Congreso una nueva ley que concrete las reformas”, escribió La Nación tras la emisión del decreto.

Lo cierto es que luego de la resistencia y palabras de Sabbatella, el interventor de los entes, Agustín Ignacio Garzón, se presentó ante los tribunales para denunciar al dirigente aliado del kirchnerismo. Además, solicitó “posesión del lugar con el fin de salvaguardar los bienes del Estado Nacional”.

Garzón fue nombrado por Macri exclusivamente para llevar adelante esta transición en los entes de comunicación.

Mientras que los comunicadores sociales de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) de Argentina se manifestaron contra los decretos e intervenciones.

“Desde la RNMA repudiamos la medida del Gobierno nacional de intervenir la Afsca y la Aftic, como primera medida en la búsqueda de desarticular la actual Ley de Medios con el objetivo de reencauzar un marco legal que favorezca sin tapujos a los medios monopólicos”, destaca el comunicado invocando a los organismos internacionales, como la CIDH, a pronunciarse sobre las acciones del Gobierno. (I)